La Comunidad de Madrid destinará 2,5 millones de euros para financiar acciones en centros de formación profesional acreditados que se comprometan a facilitar un trabajo, al menos, al 60 por ciento de sus alumnos. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes esta inversión que ayudará a las personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, dado que son alumnos de estos centros de formación, ha informado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Angel Garrido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Además, para favorecer la igualdad de oportunidades, se procurará que al menos la mitad de las personas sin trabajo que participen en este programa sean mujeres. En total, se prevé que la medida pueda beneficiar a aproximadamente 950 personas.
Los centros de formación podrán acceder a las ayudas por concurrencia competitiva. Estas tendrán un importe máximo de 100.000 euros por línea de subvención y centro de formación solicitante, y la contratación de los alumnos deberá realizarse en el plazo de tres meses posteriores a la finalización de cada acción formativa. Los contratos serán preferentemente indefinidos o con una duración no inferior a seis meses.
OTROS OCHO MILLONES PARA EMPRESAS QUE FORMEN Y CONTRATEN
El pasado 7 de junio se destinaron otros ocho millones de euros, en este caso para financiar ayudas a empresas para la impartición también de acciones formativas con compromiso de contratación de trabajadores desempleados.
Tanto esta medida, como la aprobada esta mañana, forman parte de la Estrategia Madrid por el Empleo, acordada por el Gobierno regional y los agentes sociales, que incluye 70 actuaciones y cuenta con un presupuesto de 650 millones de euros para hacer frente al desempleo, incrementar la empleabilidad de los trabajadores, fomentar la contratación estable y de calidad y apoyar a los emprendedores y la economía social de la región.
TELEVISION DIGITAL PARA 39 MUNICIPIOS
La Comunidad de Madrid financiará con 200.000 euros los trabajos destinados a que 39 municipios de la región puedan recibir la señal de televisión digital terrestre (TDT) y garantizar la sintonía de las televisiones públicas, especialmente en la sierra madrileña. Así lo ha anunciado este mediodía el consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien ha explicado que el presupuesto destinado financiará el servicio de mantenimiento de la TDT y sus gastos.
Las ayudas, según el gobierno regional, serán distribuidas teniendo en cuenta el número de habitantes de los municipios, los servicios que reciben (si sólo son canales públicos o privados o ambos) y las peculiaridades derivadas de la orografía de cada uno (si éste está en zona de sombra de la TDT, si la señal la recibe desde una localidad cercana o desde varias, si los servicios que recibe son distintos en cada caso, etc.).
El Gobierno regional pretende así "evitar que se genere una situación discriminatoria entre los ciudadanos de la región que reciben la señal de la TDT sin restricciones y aquellos que no la reciben o lo hacen de forma parcial".
En algunos lugares no se recibe la señal por falta de la infraestructura tecnológica necesaria o por encontrarse en zonas con una orografía compleja que dificulta el acceso a la señal.
GARRIDO DICE QUE UNA COMISIÓN INDEPENDIENTE DECIDIRÁ SOBRE LA NULIDAD DE LA VENTA DE PISOS A FIDERE
El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido dice que es una comisión asesora independiente quien decide sobre la nulidad de la venta de pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a Fidere.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por el anuncio del Ayuntamiento de pedir a la Comunidad la nulidad de esta venta, Garrido ha explicado que aún no ha llegado la petición, porque fue el propio Ayuntamiento el que se dio un plazo más amplio para cursarla. No obstante, ha precisado que "en ningún caso quien da la respuesta es la Comunidad de Madrid, sino una comisión jurídica asesora que es independiente jerárquica y orgánicamente", por lo que actúa con esa "independencia absoluta".
En cuanto llegue la petición, "la comisión se tendrá que poner a trabajar en el asunto y dictaminar lo que crea oportuno", ha concluido.
