La Comunidad apuesta por la permanencia de los vecinos de la Cañada Real

madrid

| 31.07.2012 - 14:28 h
REDACCIÓN

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El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, se reunió este martes con las asociaciones vecinales de la Cañada Real y apostó por la permanencia de la mayor parte de los vecinos de la zona.

En declaraciones posteriores a la reunión, en la que estuvieron presentes los representantes de las asociaciones de vecinos de los seis sectores que conforman la Cañada Real, el consejero explicó que el objetivo principal, una vez obtenido el censo de población total de la Cañada, es la creación de un modelo de desarrollo para la zona que permita que sus más de 7.000 vecinos puedan finalmente adquirir los terrenos legalmente.

"En septiembre cumpliremos nuestro compromiso de crear un modelo urbanístico para permitir que las personas que viven allí puedan tener acceso a la propiedad del suelo, para que los que quieran quedarse a vivir, lo hagan", señaló Victoria.

La presidenta de la asociación vecinal representante de los sectores 1, 2 y 3 de la Cañada, Vanesa Valenzuela, expresó su satisfacción por los avances conseguidos. "Hemos mantenido varias reuniones con el consejero y lo más positivo que sacamos es que se va a presentar un plan que va a definir un poco más cuál es la solución a la problemática de la Cañada. Sabemos que es un proceso largo, pero estamos en un clima de expectación, porque vemos cómo se va solucionando todo", indicó.

Asimismo, Valenzuela, que representa a unos 1.000 vecinos de la Cañada pertenecientes a los tres municipios afectados (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid), cuyo problema principal es el urbanístico, quiso dejar claro que apuestan por el pago de sus viviendas. "Estamos dispuestos a adquirir la propiedad, porque lo que queremos es estar en nuestro barrio, no contemplamos otra opción", señaló.

En cuanto a la problemática social, Victoria también explicó que el modelo que se presentará en septiembre contemplará un plan de intervención social para todas aquellas personas que deberán ser realojadas debido a la ilegalidad de sus viviendas.

"No se podrán legalizar las infraviviendas ni las viviendas asociadas a las actividades delictivas. Es una operación compleja, aunque, pese a que estamos en una situación de crisis, no debemos dejar pasar esta oportunidad para resolver el problema. Los realojos de esas familias se realizarán en función del modelo que se proponga en septiembre y de la voluntad de las mismas", indicó.