La Cámara de Cuentas cuestiona las ventas de viviendas de la EMVS de 2012 y 2013

El Ayuntamiento llevará a los tribunales la venta de las viviendas si se confirman irregularidades

Carmena aclara que no se plantea denunciar al Gobierno de Botella por la venta a fondos buitre

madrid

| 06.04.2016 - 13:15 h
REDACCIÓN

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La Cámara de Cuentas ha cuestionado en un anteproyecto de informe de fiscalización las operaciones de venta de pisos realizadas en 2012 y 2013 por el Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por no haber respetado las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa de los pisos.

El informe, estudia las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección -de los que 2.956 son viviendas-, cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros.

De estas viviendas, 1.860 corresponden a 18 promociones de viviendas protegidas en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra que fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros. Además, estudia la venta de cuatro solares por 3,6 millones; y los traspasos de propiedad a favor del Ayuntamiento de 37 parcelas de la EMVS que obligan a la administración a asumir préstamos hipotecarios por 233,77 millones.

Según el anteproyecto de informe, en las operaciones se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación y se realizó la venta "sin la existencia de pliegos de condiciones" y "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar", que se fijó "por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores".

De acuerdo a las conclusiones de la Cámara de Cuentas, esto supone un "incumplimiento" de las normas internas de contratación y de varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público. En el caso de las viviendas vendidas a Fidere, el borrador esgrime que fueron los interesados en la compra los que fijaron el precio de venta que finalmente fue aceptado por el órgano de contratación, sin que se conociese el "valor objetivo de mercado de los bienes a enajenar".

Esto contraviene, según la Cámara de Cuentas, el Reglamento de adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado en 2008 y modificado en 2012, que "impide la venta de viviendas de protección pública a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento".

En anteproyecto de informe recalca además que el precio de venta fue inferior a los 159,37 millones de valor contable de las viviendas. También que no se permitió a los arrendatarios afectados tener la condición de interesados en el procedimiento y que no se estableció un comisión o instrumento de seguimiento y control.

En enero de 2015, el entonces secretario general del PSM Tomás Gómez ofreció los servicios jurídicos del partido a familias de Carabanchel afectadas por la venta de 300 viviendas sociales de la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid al fondo de inversión Fidere y anunció iniciativas legales contra la misma.

Unos meses antes, en agosto, el juzgado de instrucción número 18 de Madrid había admitido a trámite una denuncia del grupo municipal socialista sobre una posible prevaricación en la venta de 1.860 viviendas de la EMVS. Según los socialistas, la operación se realizó a un precio "muy por debajo" del valor de mercado.

En la jornada de ayer, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, anunció que llevará la venta de pisos sociales a fondos buitre ante la Comisión de investigación de la gestión de Madrid al considerar que plantea "sospechas claras sobre posibles irregularidades".

Para la portavoz, la decisión de vender el parque social de viviendas municipales a fondos buitre supone "una gestión claramente discutible" que podría tener que ver con un posible "tráfico de influencias y con la utilización inadecuada de fondos públicos".

CARMENA ACLARA QUE NO SE PLANTEA DENUNCIAR AL GOBIERNO DE BOTELLA POR LA EMVS

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha aclarado este miércoles que no se plantean denunciar al Gobierno de Ana Botella por la venta de más de 1.800 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo de inversión, y que las acciones legales a emprender en el caso de confirmarse irregularidades irán encaminadas a recuperar el patrimonio vendido.

En declaraciones a Cuatro, la alcaldesa de Madrid ha explicado que hay que "recuperar ese patrimonio porque es necesario" y que desde los "primeros días" que llegaron al Consistorio están "viendo la manera" para que se puedan recuperar esas viviendas vendidas.

"Si es necesario habrá que ir a los tribunales porque es muy importante recuperar el patrimonio", ha añadido a continuación, aunque, preguntada si se están planteando denunciar al Ayuntamiento anterior, gobernado por Ana Botella, su respuesta ha sido que "no" y que las posibles acciones legales irían en otra dirección.

"No, nos planteamos hacer las acciones legales que sean necesarias y naturalmente dirigidas para que las personas que consideramos puedan conseguir la devolución de las vivienda. Estamos pensando en acciones civiles o de carácter administrativo", ha concretado la alcaldesa de Madrid.

A LOS TRIBUNALES

Sin embargo, previamente, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y directora de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Marta Higueras, había adelantado que "de confirmarse las irregularidades" del informe provisional de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la venta de 1.800 viviendas de la empresa pública a un fondo de inversión en época de Ana Botella como alcaldesa, el Ayuntamiento lo llevará a los tribunales, aunque no sabe por qué vía.

"Puede llegar a ser un procedimiento judicial larguísimo, y no se produciría antes de ocho o diez años la reversión de la operación", ha asegurado Higueras, en declaraciones a los medios en el Palacio de Cibeles.

Además, la directora de la EMVS ha señalado que la actual corporación municipal "trata de ver resquicios para revertir la operación". Por otro lado, Higueras ha recordado que por la venta de estas viviendas, que ha calificado de "censurable" cerca de 1.800 familias están en riesgo de desahucio.