La Audiencia Nacional intermediará en el conflicto de Coca Cola

El Alto tribunal encarga un informe para dirimir diferencias entre la planta de Fuenlabrda y los sindicatos

Los sindicatos acusan a la empresa de intentar modificar las condiciones para reducir las indemnizaciones a pagar

Factoría embotelladora de Coca Cola

madrid

| 07.07.2016 - 08:38 h
REDACCIÓN

La Audiencia Nacional ha decidido encargar a un perito un informe que ayude a dirimir las diferencias entre Coca-Cola Iberian Partners y los sindicatos sobre el pago de intereses a los trabajadores de su planta en Fuenlabrada, donde la empresa aplicó un ERE que fue declarado nulo.

El escrito del tribunal, con fecha de uno de julio, especifica que acepta "la prueba pericial solicitada por el letrado" de la compañía, debido a la existencia de "discrepancias entre las partes en relación al importe de los intereses procesales".

Por este motivo, reclama al Colegio de Economistas que le envíe una lista con los peritos disponibles para hacerse cargo de esta petición.

El caso se remonta al pasado mes de mayo, cuando Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) solicitó a la Audiencia Nacional que esclareciese cuál era su postura sobre asuntos como el cálculo de intereses de los salarios de tramitación, el pago de pluses de nocturnidad y cambios de funciones o la devolución de las indemnizaciones cobradas tras las reincorporaciones.

Un portavoz de la firma ha precisado que por el momento el tribunal ha suspendido su toma de decisión sobre el resto de las cuestiones planteadas y que esperará primero al peritaje sobre el cálculo de los intereses.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) han acusado a los responsables de la empresa de intentar, con esta estrategia, modificar las condiciones para reducir las indemnizaciones a pagar.

Fuentes sindicales han destacado que la Audiencia Nacional les da la razón a la hora de reconocer que la compañía adeuda una serie de intereses -derivados de la inflación- a los trabajadores, y que cuantifican en torno a los 1.500 euros de media por empleado.

No obstante, han mostrado su sorpresa porque el tribunal no haya desestimado ya las intenciones de la compañía de forma taxativa y se mantendrán a la espera del criterio establecido por el perito.

CCIP aprobó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en 2014 que acabó afectando a 821 trabajadores de los 1.190 previstos, pero un año después el Supremo lo declaró nulo y le obligó a readmitir a los empleados.

Desde los sindicatos se denuncia que la empresa no tiene voluntad de dar cumplimiento a la resolución judicial.