La Asamblea pide una partida anual específica para prevenir los ataques de lobos

Lobos

madrid

| 14.12.2017 - 19:06 h

EFE

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El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado hoy una proposición no de ley en la que insta al Gobierno regional a destinar a partir de 2018 una partida presupuestaria anual específica para implantar medidas de prevención de ataques de lobos a cabañas ganaderas de la Comunidad.

La iniciativa, que por su naturaleza no tiene carácter vinculante, ha salido adelante con los votos a favor de Podemos (autor de la proposición), PSOE-M y Ciudadanos y el voto en contra del PP, cuyo diputado Luis del Olmo ha asegurado que llevan "toda la vida defendiendo a los ganaderos".

Entre las medidas de prevención, el texto cita la instalación de vallados fijos o portátiles, la contratación por cuenta ajena de pastores para la vigilancia de los rebaños y la adquisición de perros para el cuidado del ganado, incluidos los gastos veterinarios iniciales y de inscripción en el registro de identificación.

Las ayudas, que se podrán subvencionar al cien por cien hasta un máximo por explotación y año, estarán dirigidas a las personas físicas o jurídicas titulares de las explotaciones de ganado ubicadas en los municipios con presencia de lobo "que se definan en la correspondiente orden de convocatoria".

También las que, no estando ubicadas en esos municipios, puedan acreditar la utilización de pastos en alguno de ellos.

Por otro lado, la proposición no de ley pide agilizar el pago de las indemnizaciones a los ganaderos, asegurando un plazo máximo inferior a seis meses desde el ataque.

El texto sugiere hacer "trabajos de concienciación y educación ambiental en las zonas donde está constatada la presencia del lobo y aquellas zonas susceptibles de recibir ejemplares en el futuro próximo".

Además, propone elaborar en el plazo de un año a través de la Dirección General de Agricultura un estudio científico para conocer la situación del lobo en la Comunidad de Madrid y crear una mesa de trabajo con los grupos políticos los y colectivos implicados para evaluar las medidas adoptadas.