La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad tomar en consideración la proposición para la derogación de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, más conocida como 'Ley Virus', propuesta por los tres grupos de la oposición, un paso previo para dejar sin efecto definitivamente este normativa.
Durante el Pleno, el diputado socialista Rafael Gómez Montoya ha defendido que termine la vigencia de esta Ley porque no consideran "ético" que se haya cambiado una ley para beneficio "de una minoría conservadora y para movimientos especulativos".
"Tener bolsas de suelo a la espera de ser usadas crea una expectativa de convertirse en realidad. La ley que hoy queremos iniciar su derogación permite construir casas y chalés con licencia municipal sin informes ambientales. Y también significa que puedan llevar agua, luz, muros y vallas por los que los ciudadanos no pueden transitar libremente por allí", ha indicado.
El parlamentario ha recordado que su Grupo presentó tras la entrada en vigor de la Ley a finales de 2012 un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la 'Virus' porque "se olvidaron que según la Ley de Suelo Estatal el suelo rústico sólo tiene un uso agrícola, ganadero, cinegético o de recursos naturales".
"Ahora queremos que se devuelva a los madrileños un patrimonio rico, necesario, de todos y todas. Al aprobar la toma en consideración de esta Proposición de Ley estamos devolviendo una parte de dignidad a la política", ha dicho.
RATO, CABRERA Y CAFRANGA
En la misma línea, el diputado de Podemos Alejando Sánchez ha acusado al PP de iniciar el "desmantelamiento de un modelo urbanístico basado en la especulación", un modelo "agotado por el estallido de la burbuja inmobiliaria y que desembocó en la gigantísima crisis".
Así, ha criticado que se hayan dado licencias de construcción de viviendas en el Monte de Pozuelo, a pesar de la recogida de 40.000 firmas en contra. Pero asegura que esta ley es "el ejemplo más descarado una de tantos ejemplos de derogaciones al a carta para una minoría privilegiada de propietarios de fincas".
De esta forma, ha criticado otras medidas de los anteriores gobiernos regionales que, a juicio del parlamentario de Podemos, ha propiciado que el exdiputado José Cabrera -que dejó la asamblea hace unos días para evitar hacer públicos su patrimonio, según Podemos- y el exvicepresidente del Gobierno de España, el hoy imputado Rodrigo Rato, "arreasen los alrededores del río Tajuña" por las fincas que tienen en Carabaña.
"El anterior Gobierno aprobó una serie de reformas para explotar espacios vetados hasta entonces. La Ley Forestal pasaba a aprobar la ocupación de parcelas en los montes públicos catalogado para cualquier uso compatible, entre comillas, para el monte, además de otros usos como maderedas, zonas de acampadas y cualquier otro tipo de infraestructuras y prácticas de golf".
Alejandro Sánchez también ha criticado que se haya permitido la ocupación de vías pecuarias y ha recordado la ilegalidad decretada por la Justicia de la Finca de El Encín y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó el uso para celebrar bodas en la finca de la Muñoza que gestiona la exjefa de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga.
FAMILIAS GÜELL, MARTOS AGUIRRE Y ORIOL
Por su parte, el diputado de Ciudadanos (C's) Daniel Alvarez ha defendido también la derogación de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles porque "es un peligro para la naturaleza", ya que "sin la necesidad de una declaración de impacto ambiental, se pueda construir una vivienda en suelo rústico", como el caso de Belmonte del Tajo.
También han señalado que desde la entrada en vigor de la normativa se han registrado 32 solicitudes para la edificiación en Pozuelo y ha denegado ya 26 por incumplir la Ley del Suelo y las leyes municipales. Y el Ayuntamiento tiene pendientes por resolver el resto que, según ha apuntado Alvarez, corresponden a familias de alto renombre.
En concreto, destacan nombres como Juan Güell Martos, conde de Güell; Angustias Martos Aguirre, condesa de Heredia-Spínola, o la familia Oriol, descendientes de José Luis de Oriol Urig~en (Talgo). A la familia Oriol pertenece la nuera de Esperanza Aguirre, Carolina Oriol Garrigues, que está casada con Fernando Ramírez de Haro y Aguirre, marqués de Villanueva de Duero, hijo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
"Desconocemos dónde han sido autorizados esta licencias y si se han autorizado algún fin de tipo comercial para la celebración de bodas, bautizos y comuniones. Esta ley va a en contra de los madrileños. No existe una demanda para que continúe la ley virus", ha añadido.
El parlamentario de la formación 'naranja' ha concluido, tras varios argumentos más, que dicha normativa "supone una amenaza para el medioambiente y peligro para el suelo no urbanizable". "Creemos que esta ley no beneficia al medio ambiente ni contribuye a un uso sostenible del territorio y por eso pedimos derogación de esta ley", ha concluido.
7 VIVIENDAS APROBADAS, 0 VIVIENDAS CONSTRUIDAS
Por su parte, el parlamentario del Partido Popular Diego Lozano ha recalcado durante su intervención que votará a favor de la toma en consideración de este proposición de Ley porque ya el nuevo Gobierno regional, cuando tomó posesión, prometió que la derogaría pero dentro de la Ley del Suelo.
Lozano ha criticado que la oposición aprobara sin contar con el Gobierno y con premura una proposición contra una Ley que ha tenido poco recorrido, ya que el 90 por ciento de las solicitudes de construcción han sido rechazadas por Medio Ambiente y sólo se han concedido siete licencias, ya que no se ha llegado a construir ninguna vivienda en estos tres años. Por tanto, considera que la Ley "ha sido gran fracaso y no ha interesado casi a nadie".
El diputado 'popular' también ha afeado que el PSOE y Podemos, que gobiernan en Castilla-La Mancha, no haya abordado todavía la derogación de una ley simular en esa región. También ha recordado que la 'Virus' fue modificada en septiembre de 2013 tras un acuerdo bilateral con el Gobierno central para que el silencio administrativo fuera negativo y no positivo que hasta entonces y no afectaría en ningún caso a normas estatales.
Además, Diego Lozano ha criticado la exposición de motivos del proyecto de Ley presentado por toda la oposición. "Es un disparate decir que el monte del Pardo está en peligro. Son cuatro párrafos y ocho errores", ha apuntillado.
