Izquierda Unida ha registrado en la Asamblea de Madrid una proposición de ley para evitar los desahucios similar al decreto de Andalucía en la que propone crear en seis meses un registro de viviendas vacías y penalizar a los bancos e inmobiliarias que no saquen al mercado sus casas.
El coordinador general de IU en la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, y el portavoz parlamentario, Gregorio Gordo, han denunciado hoy durante el registro de esta propuesta que las 1.000 viviendas que el Gobierno regional destinará a los desahuciados sólo dan respuesta a un 3,5 por ciento de los cerca de 3.000 desalojos que se producen al año.
Gordo anunció el pasado jueves en el pleno de la Asamblea que presentaría esta iniciativa, que el presidente regional, Ignacio González, ve de "dudosa legalidad".El portavoz ha defendido hoy que esta proposición evidencia que IU se sitúa como "la alternativa a las políticas de empobrecimiento y sufrimiento que aplica el PP" al presentar iniciativas que indican que "hay otra salida a la crisis diferente" a la de la banca, los mercados, y quienes actúan a su "dictado", en referencia al PP.
El coordinador general de IU en Madrid ha explicado que con esta medida se busca garantizar el derecho a la vivienda en tiempos de crisis y ofrecer una alternativa a las propuestas del Gobierno de Ignacio González, "que pone a disposición de las personas desahuciadas 1.000 viviendas, cuando en la Comunidad de Madrid se producen 80 desahucios al día"."
UNA PROPUESTA CON 54 ARTÍCULOS
"Estamos en una comunidad autónoma que tiene en estos momentos 270.000 viviendas vacías, la gran mayoría en manos de entidades financieras y empresas inmobiliarias, y a la vez se producen 29.200 desahucios al año, por lo que las 1.000 viviendas que plantea González ni siquiera alcanza al 3,5 por cientos de los desahuciados", ha denunciado Eddy Sánchez.
La Proposición de Ley presentada cuenta con 54 artículos y establece, principalmente, medidas para garantizar el derecho a la vivienda: crear un registro de viviendas vacías, incentivar que las personas físicas las pongan en alquiler y penalizar a la banca y las inmobiliarias que no saquen los pisos no habitados al mercado. "
Se trata de una penalización económica en forma de gravamen, que se incrementaría en un 50 por ciento cada seis meses, hasta que las viviendas salgan al mercado. En el caso de que se nieguen a sacarlas la ley plantea la posibilidad de la expropiación del usufructo para que cumplan su función, que sean habitadas por personas que no tienen vivienda", ha precisado Sánchez.
