Ignacio González: Nada justifica una huelga política, irracional y absurda en la ESO

Gómez acusa al Gobierno de hacer negocio también con la educación infantil

madrid

| 06.09.2011 - 13:42 h
REDACCIÓN

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El vicepresidente regional, Ignacio González, ha dicho que "nada justifica" una huelga "política, irracional y absurda" contra la ampliación de jornada lectiva en la ESO, pues ni va a cambiar la organización de las clases, ni va a aumentar la ratio de alumnos ni se va a "cesar a nadie".

González, que ha presentado hoy una exposición fotográfica de José Manuel Ballester, ha insistido en que la Comunidad se limita a aplicar la ley cuando amplía de 18 a 20 horas la jornada lectiva de de los profesores de ESO, en un momento en que la situación económica es "complicada" y garantizando siempre la calidad de la enseñanza.

Ha asegurado que esta medida, "no afectará para nada a las condiciones de los profesores ni, por supuesto, a su retribución ni a su jornada laboral", sino que, por el contrario, beneficiará a la calidad de la enseñanza, ya que "se van a aprovechar mejor todos los recursos" disponibles. "No hay ninguna razón que justifique esta huelga de tipo político" ha aseverado el vicepresidente que se ha mostrado satisfecho de que los sindicatos no hayan logrado llevar esta movilización al ámbito nacional.

POSTURA "INAMOVIBLE"

Ha indicado que la postura del Gobierno regional es "inamovible" y que "nadie tiene que rectificar nada porque lo que se está haciendo es aplicar la ley" para ahorrar gastos y que en el futuro ya no sea necesario que haya "tantas sustituciones e interinajes".Ha descartado tajante que eso signifique poner en peligro la calidad de la enseñanza pues, según ha dicho, la organización de las clases va seguir siendo "exactamente igual" y seguirá habiendo clases de apoyo, desdobles o tutorías, "aprovechando los excelentes profesores que tenemos"."Aquí no se ha echado a nadie ni se cesa a nadie; eso es absolutamente falso", ha afirmado González al ser preguntado por el futuro de los aproximadamente 3.000 interinos cuya continuidad peligra con esta reforma, según denuncian los sindicatos.

El vicepresidente ha señalado que se seguirán contratando profesores "cuando sea necesario" y en casos puntuales, como por ejemplo, cuando haya que cubrir alguna baja o cuando no haya "personal suficiente en la plantilla". Sin embargo, ha recalcado, "lo que no se va a hacer es programar ya anticipadamente, teniendo el número de profesores suficiente, una serie de gastos de personal que no son necesarios".

Además González ha asegurado que el próximo curso no habrá más alumnos por aula en las clases de ESO de los institutos madrileños y ha recordado que actualmente la ratio de la Comunidad de Madrid es "la más baja de Europa"."La calidad de la educación no hay que medirla solo en términos numéricos, sino en resultados", ha declarado el vicepresidente, para quien esos resultados académicos son precisamente "lo que nos debe preocupar".

GÓMEZ ACUSA AL GOBIERNO DE HACER NEGOCIO TAMBIÉN CON LA EDUCACIÓN INFANTIL

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Tomás Gómez, ha acusado hoy al Gobierno regional de extender a la educación infantil su "tónica habitual" de "hacer negocio" con los servicios públicos, al adjudicar la gestión de una escuela de Meco a una empresa vinculada tradicionalmente al sector de la limpieza.

Gómez se ha reunido hoy en la Asamblea con una representación de padres de alumnos de la Escuela Infantil Platero, de Meco, quienes han denunciado que se ha concedido la gestión del centro educativo a la empresa que peor proyecto educativo y de inglés presentó en el concurso.

El portavoz socialista ha denunciado que además de su "afán de recortes", la "tónica habitual" del Gobierno de Esperanza Aguirre está siendo "hacer negocio con lo que es de todos, ahora con la educación de 0 a 3 años", y ha recordado que los gobernantes están obligados a garantizar servicios públicos de calidad.

Este martes, las que han puesto el grito en el cielo son las asociaciones de padres y alumnos. El anuncio de la convocatoria de paros supone comenzar el curso con un conflicto que van a pagar a los alumnos y que para los padres tiene más fondo político que laboral.