El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto una fianza de 100.000 euros para eludir la prisión a David Marjaliza, socio del exconsejero madrileño Francisco Granados en la trama Púnica, por haber colaborado con la investigación "admitiendo hechos" y "aportando evidencias". Velasco ha adoptado esta decisión en un auto después de que la Fiscalía Anticorrupción planteara dejarle en libertad bajo fianza de 250.000 euros, al entender que al haber colaborado de forma positiva con la investigación (el pasado verano declaró trece horas a petición propia) se ha visto disminuido el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Según el auto del juez al que ha tenido acceso Efe, Marjaliza "ha adoptado una dinámica de colaboración con la justicia, admitiendo hechos, aportando evidencias documentales incriminatorias y auxiliando al juzgado en la recuperación de activos de origen delictivo".
"La investigación ha recibido, además, informaciones que han procedido de sus testaferros y colaboradores más inmediatos", añade el juez en su resolución.
Dicha colaboración, continúa Velasco, "ha hecho disminuir los riesgos de alteración y destrucción de las fuentes de prueba", y la imposición de la fianza se produce tras una "intensa" investigación sobre su participación en la trama Púnica de corrupción.
Indica que, aunque dicha investigación no está concluida, "las fuentes de información y de prueba se han asegurado con la práctica de numerosas diligencias de investigación, de entradas y registros relacionados con David Majaliza, sus familiares, testaferros y sociedades". Así, destaca que se ha llevado a cabo "una vigorosa actividad de recuperación de activos y ganancias de origen delictivo, tanto en sus propiedades en España como en Suiza".
Marjaliza y Granados son los dos únicos imputados que permanecen en prisión por este caso desde octubre de 2014 y una vez que Marjaliza (que se encuentra en la prisión de Aranjuez) deposite la fianza, el juez anuncia que le impondrá como medidas cautelares la comparecencia quincenal, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio.
Además deberá facilitar un teléfono y domicilio al juzgado y avisar de cualquier cambio.
A raíz de que Marjaliza, que desde su ingreso en prisión el 31 de octubre de 2014 no había querido declarar, hiciera una confesión de trece horas ante Velasco el pasado junio a petición propia a lo largo de dos días consecutivos, el juez ha estado intentando apuntalar con pruebas la veracidad de todas sus acusaciones en las que implicó a varios cargos políticos de diversos partidos.
De hecho, Velasco dedicó una de las doce piezas en las que despiezó el caso Púnica a Marjaliza, en la que mantiene bajo secreto esas trece horas de declaración en las que mencionó a varios cargos del PP, del PSOE y de Ciudadanos en su declaración.
El pasado julio, el juez dejó además en libertad bajo fianza de 40.000 euros a Ana María Ramírez, la secretaria y mano derecha de Marjaliza, que estaba en prisión también desde octubre de 2014.
Velasco decidió modificar su situación después de que declarara durante dos horas y media, días después de que lo hubiera hecho Marjaliza.
Está considerada la "mano derecha" de Marjaliza y en el registro de su casa se encontraron ocultos, detrás de cómodas, debajo de los colchones, dentro de una maleta y en bolsas situadas bajo las camas, documentos con correos sobre cuentas de Suiza y Singapur de su jefe.
Tras levantar parcialmente el secreto de sumario el pasado junio y desvelar así el contenido de 40.000 folios y decenas de grabaciones de declaraciones, el juez también mantiene bajo secreto otra vertiente del caso, la referida a las comisiones rogatorias pedidas a varios países.
En concreto, Velasco ha reclamado información de movimientos bancarios a seis países en tres continentes -Holanda, Costa Rica, Panamá, Suiza, Liechtenstein y Singapur- y todavía está pendiente de recibir algunas respuestas.
Desde septiembre, el juez ha estado también tomando declaración a 40 personas, aproximadamente la mitad imputados y la otra mitad testigos, vinculadas todas ellas con municipios de la Comunidad de Madrid y la de Valencia, y relacionados con las últimas confesiones que hizo Marjaliza, que permanecen bajo secreto de sumario.
En noviembre Velasco ordenó la detención de Ignacio Palacios, exjefe de gabinete y presunto testaferro de Francisco Granados, y de su mujer, y el registro de su domicilio en Madrid y de dos propiedades de Granados, una en Ávila y otra en Valdemoro.
Tras comparecer ante el juez, Palacios, considerado mano derecha de Granados, para quien trabajó en la Comunidad de Madrid como jefe de gabinete en la Consejería de Transportes primero y luego en la de Presidencia, Justicia e Interior, quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros y su mujer de 5.000.
El caso Púnica cuenta ya con más de un centenar de imputados, entre los que figuran los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar.
