El Tribunal Superior de Madrid reclama a los políticos la Ciudad de la Justicia

Francisco Vieira se ha reunido con la presidenta Cristina Cifuentes y el consejero de Justicia Angel Garrido

Su puesta en marcha solucionaría "de forma permanente y definitiva los problemas de infraestructuras de la capital"

Los expedientes judiciales acumulados en la región, puestos en fila, superarían los 152 kilómetros

madrid

| 17.07.2015 - 17:26 h
REDACCIÓN

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a través de su Memoria Anual, ha instado a los representantes políticos a que lleven "a buen puerto y con la mayor premura posible" la construcción de la Ciudad de la Justicia.

Así, el documento considera que su puesta en marcha solucionaría "de forma permanente y definitiva los problemas de infraestructuras de la capital", por lo que no se puede "tolerar un nuevo fracaso en la dotación definitiva de las infraestructuras". Sin embargo, el Gobierno regional anunció la pasada semana la suspensión del procedimiento de adjudicación de este proyecto.

En este sentido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, ha apuntado que se ha reunido con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Angel Garrido, quienes le han transmitido que están viendo "en qué condiciones puede continuar en marcha" el proyecto, por lo que se ha mostrado "optimista" sobre su continuidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aludido también a los "problemas estructurales" de otros juzgados de la región, que han tenido que ampliarse hasta otro edificio, pudiendo encontrarse a "grandes distancias" unos de otros, o bien instalados "con una provisionalidad cuya prolongación no es aceptable", como los de Valdemoro o Pozuelo de Alarcón.

152 KILÓMETROS DE EXPEDIENTES

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a través de su Memoria Anual, ha advertido de la necesidad de eliminar los expedientes judiciales innecesarios, que puestos en fila superarían ya los 152 kilómetros.

Así, el documento incide en que la Junta de Expurgo, "cuya actuación ha sido muy limitada", debe seleccionar lo que debe conservarse y destruirse para lograr que cuando se haga el traslado a una futura Ciudad de la Justicia "se haya reducido el archivo de los procedimientos a lo estrictamente necesario".

En cuanto a la Oficina Judicial, lamentan que haya tenido "una escasa implantación en los órganos judiciales madrileños", por lo que proponen expandir los Servicios Comunes de Actos de Comunicación a todos los partidos judiciales, ampliar el personal de los Servicios Comunes de Registro y Reparto y de las oficinas de Centros Penitenciarios, y crear Servicios Comunes de Expedición de Copias Digitales y de Depósito y Realización de bienes decomisados o embargados.

PERSONAL

En relación a la gestión de personal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid critica "deficiencias en las relaciones de puestos de trabajo y en régimen disciplinario de funcionarios", y abogan además por corregir "las disfunciones con relevancia disciplinaria en las que pueda incurrir algún funcionario".

Además, en cuanto a la sustitución voluntaria en órganos judiciales, critican que en algunos de ellos no ha podido aplicarse, o la ausencia de voluntarios "ha hecho inviable este sistema". Tampoco en el caso de los Jueces de Adscripción Territorial, que consideran "muy útil para reforzar órganos judiciales, pero no tanto para labores de sustitución".

TRADUCTORES Y ABOGADOS DE OFICIO

Sobre los abogados de oficio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lamenta el "conflicto" entre los Colegios de Abogados y la Consejería de Justicia, afirmando que la retribución de estos letrados "debe estar en consonancia con el servicio prestado en cada caso y ser puntualmente abonada al profesional interviniente".

A este respecto, Vieira ha afirmado que "es el momento de que desde la Consejería de Justicia se trate de dar una solución definitiva", y ha abogado por un "entendimiento para lograr una solución adecuada" y "evitar disfunciones graves" en este servicio.

Algo similar apuntan en el caso de traductores e intérpretes, sobre quienes piden que se preste una "especial atención" a su cualificación, para "colmar las exigencias de este derecho a la traducción o interpretación".