El Tribunal Supremo se ha pronunciado en favor de conceder 80 autorizaciones de arrendamiento de vehículo con conductor (VTC) que habían sido denegadas en 2014 por la Comunidad de Madrid, con lo que abre la puerta, según el sector del taxi, a que en los próximos meses se puedan otorgar unas 10.000. La patronal mayoritaria del taxi Fedetaxi ha asegurado hoy que la decisión del alto tribunal está abriendo la vía para que las multinacionales "inunden el mercado, poniendo en peligro la estabilidad del servicio".
En dos sentencias, la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo estima los recursos presentados por Jojucar y Gran Vía Rent a Car contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que denegaba las peticiones de licencias de ambas empresas, y les concede 60 y 20, respectivamente.
El problema tiene su origen en la llamada Ley Ómnibus, aprobada en 2009, que perseguía la liberalización del sector servicios y que provocó la judicialización de las normas de proporcionalidad entre el sector de VTC y el del taxi (1 por 30).
En 2013, el Gobierno introdujo la posibilidad de establecer una proporción entre el número de autorizaciones de VTC y de licencias de taxi, cuando la oferta de transporte público de viajeros en vehículos de turismo estaba sujeta a limitaciones cuantitativas en el ámbito autonómico o local, y, dos años más tarde, recuperó el ratio del 1 por 30, mediante un Real Decreto.
En ambas sentencias, el Supremo subraya que "no entra en la legalidad o no del Real Decreto de 2015, que establece el actual reglamento de la Ley del Transporte Terrestre, ya que las solicitudes examinadas se presentaron con anterioridad a su aprobación".
Por la fecha de su presentación, en 2014, lo que había que aclarar era si la petición podía ser denegada por aplicación directa de la ley de Ordenación de Transporte Terrestre, que es de 2013, o por el reglamento que la desarrolla, que es de 2015, y concluye que "no cabía dicha denegación".
Las sentencias han generado "una gran preocupación" en el sector del taxi, que advierte de que sientan un precedente "muy negativo cuyas consecuencias pueden generar un caos absoluto en la prestación del servicio de transporte ante un previsible exceso de oferta", de acuerdo con Fedetaxi. En su opinión, dicha situación podría generar la precarización de miles de puestos de trabajo, tanto en el sector del taxi como en las propias empresas de transporte VTC, cuyos trabajadores "ya se están quejando de condiciones lamentables aún antes de que el mercado sea inundado con nuevas concesiones".
Según su presidente, Miguel Ángel Leal, el problema ha sido originado por las Administraciones públicas y son ellas quienes deben dar "una respuesta inmediata, suficiente y estable al sector del taxi", por lo que ha exigido al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, una reunión urgente, para tratar la situación e implementar medidas de contención inmediatas. En su opinión, el ministro "debe ser consciente de la gravedad del problema y la importancia de actuar pronto y de forma coordinada, para evitar que el terrible daño que una inundación de VTC haría al taxi, al transporte público y a los ciudadanos", ha recalcado en un comunicado.
Para Leal, la sentencia obliga a los taxistas a replantear sus estrategias y a aumentar las medidas de presión a las Administraciones públicas, por lo que considera que habrá que realizar más acciones de protesta antes y después del paro anunciado para el próximo día 29 de noviembre.
Las plataformas que comercializan los servicios de VTC como Uber y Cabify han mostrado su satisfacción por la decisión del Supremo, al señalar la primera que ésta "confirma" la validez de las autorizaciones solicitadas hasta noviembre de 2015, cuando termina el período de liberalización del sector.
Por su parte, Cabify ha asegurado que las sentencias "favorecen a los ciudadanos y a su derecho a elegir entre diferentes alternativas de movilidad" y suponen "un pequeño avance" para que la plataforma pueda seguir ampliando su oferta de servicios.
LAS ORGANIZACIONES DEL TAXI CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN EN MADRID PARA EL 29 DE NOVIEMBRE
Las organizaciones y las federaciones nacionales de taxistas han registrado ante la delegación del Gobierno en Madrid la convocatoria de una manifestación para el 29 de noviembre en protesta por lo que consideran "un desmantelamiento" del sector "en favor de privilegios" a mercantiles como Uber o Cabify.
El escrito para solicitar la manifestación ha sido suscrito por la federación mayoritaria del gremio, Fedetaxi, la Asociación Caracol, Antaxi, Elite Taxi (FETE) y Plataforma TNT.
La convocatoria de la manifestación en Madrid prevé que dé comienzo a las 11:00 horas y se prolongue hasta las 14:00 horas, con inicio en la Glorieta de Atocha y final en la Plaza de Neptuno, en las proximidades del Congreso de los Diputados.
Los organizadores han notificado que en la manifestación se situarán 25 vehículos auto-taxi, numerados y debidamente identificados por la organización, y junto a éstos se situarán la pancarta y los manifestantes, en un número aproximado de 20.000 personas.
Los taxistas reivindicarán también "urgentes modificaciones legales y reglamentarias coordinadas" entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales "para racionalizar" el servicio y "no arruinar" a más de 70.000 trabajadores autónomos y 100.000 familias que dependen del taxi.
