El ruido en un "botellón" se sancionará con multas de hasta 600 euros

madrid

| 18.11.2010 - 16:01 h
REDACCIÓN
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado este jueves luz verde a la nueva Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, que permitirá multar con entre 300 y 600 euros a las personas que hagan ruido mientras beben alcohol en la vía pública entre las 23 y las 7 horas, y que además reconoce a los padres de los menores como responsables subsidiarios de estas sanciones.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha informado en rueda de prensa de la aprobación inicial de la nueva normativa, que sustituirá --cuando se apruebe en el Pleno de enero previsiblemente-- a la vigente desde 2004, adaptando además la legislación municipal a la estatal.

"El Ayuntamiento de Madrid se dota así de un nuevo instrumento para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de derechos fundamentales. Sin duda, el ruido, en determinadas situaciones y cuando sobrepasa los límites establecidos, es un elemento que distorsiona la convivencia", ha explicado el primer edil.

La principal novedad de la ordenanza es que se permite por primera vez sancionar con multas de entre 300 y 600 euros a las personas que produzcan molestias vecinales por ruido mientras consumen bebidas en los espacios públicos --tanto en la vía pública como en espacios verdes o espacios exteriores de titularidad privada y uso público--, entre las 23 y las 7 horas.

En el caso de que las multas se pongan a menores de edad, los padres serán los responsables subsidiarios de las mismas, en un intento de responsabilizar también a los progenitores de las conductas de sus hijos, tanto en el sentido de que "no contemplen como algo ajeno a sus responsabilidades o susceptible de comentario pero no de reproche que haya un abuso del alcohol" como en el de que "no tengan una actitud de tolerancia y ejerzan un reproche sobre los menores que rompen las normas de convivencia".

OTRAS NOVEDADES

Además, también regula temas como las alarmas, el uso de megafonía en las calles, las obras, la carga y descarga de mercancías, la recogida de contenedores de residuos o las fiestas particulares.

En este sentido, la ordenanza se refiere a los espacios de propiedad privada que tienen un uso público y que están abiertos, como algunos callejones, los jardines de algunas casas, etcétera; pero no a las viviendas particulares.

"En un lugar cerrado rige una normativa general de que debe estar aislado acústicamente. Eso vale para cualquier actividad en un domicilio o local autorizado, tanto si es una actividad permanente (como la de un bar) como si es ocasional (una fiesta), existe una norma y un número máximo de decibelios que pueden producirse, y (si se supera) se incurre en la obligación de cesar la actividad y en una sanción", ha explicado el primer edil.

PROTECCION DE ZONAS SENSIBLES

Por otra parte, protege especialmente los entornos donde se ubican residencias de mayores o centros sanitarios, de manera que prohíbe expresamente la instalación a una distancia inferior a cien metros de todas las actividades recreativas y espectáculos públicos en los que exista música, así como el desarrollo de eventos en la vía pública a una distancia inferior a cien metros de los centros sociosanitarios (de mayores, residencias, centros sanitarios y docentes si el acto se desarrolla en horario escolar).

En cuanto a la gestión del ruido ambiental, contempla la declaración de Zonas de Protección Acústica Especial y Zonas Acústicamente Saturadas por Ocio, e incluye un catálogo de medidas concretas, entre ellas algunas limitaciones a la implantación de nuevos establecimientos de ocio nocturno, horario de cierre anticipado, o mayor insonorización de locales.

Los encargados de velar por el cumplimiento de la normativa y de poner las multas serán los agentes de la Policía Municipal. Además, a partir de enero el Consistorio será el encargado de tramitar tanto estas sanciones como las que se imponen por consumo de alcohol en la vía pública. Tras la aprobación de hoy, se abre un periodo de un mes de información pública y presentación de alegaciones.

"El botellón es algo en lo que no podemos ni queremos bajar la guardia. Seguiremos luchando permanentemente todas las administraciones públicas, pero tenemos que ser conscientes de que el efecto más importante es el de la salud del consumidor que incurre en un exceso, aunque también hay otros como (que se rompen) las normas de convivencia en los espacios públicos", ha resumido el alcalde.

Además, ha insistido en que el Ayuntamiento debe proteger los derechos de los ciudadanos que residen en las zonas afectadas por el fenómeno (especialmente el distrito Centro) ante "usos agresivos" del espacio público.

"En este caso, el ruido derivado de un consumo excesivo de alcohol en la calle, que va acompañado de una pérdida importante de continencia verbal y de un perjuicio al derecho al silencio", ha puntualizado.