La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, llevará al próximo pleno el dictamen de la Comisión de investigación de la venta de 1.860 viviendas de la EMVS a un fondo buitre, y planteará "distintas iniciativas ante los tribunales" para conseguir la nulidad de esta operación. Los socialistas llevarán también una iniciativa para que el Ayuntamiento sea "solidario" y apoye a la portavoz de la asociación de Afectados, Arantxa Mejías, que deberá desalojar su piso el próximo 6 de octubre porque Fidere se ha negado a renovar su alquiler, y para la que Causapié pedirá "asesoramiento jurídico y recursos sociales".
El Partido Socialista está implicado en "poner fin a un proceso que considera totalmente injusto, fraudulento, que enajenado más de 1800 viviendas no solo a las familias -que las tenían en alquiler social- sino también al Ayuntamiento de Madrid", ha dicho hoy Causapié durante su visita a una de las promociones vendidas en el distrito de Carabanchel.
La socialista espera que el dictamen de la Comisión de investigación de la venda "lo aprueben todos los grupos para pedir responsabilidades a las personas que han permitido" que se llevara a cabo esta operación.
El grupo Socialista también planteará en el dictamen "diferentes iniciativas para seguir un procedimiento judicial no solo ante los tribunales penales en España sino también ante los económicos y ante la UE", ha dicho.
El objetivo es garantizar que las familias que están siendo "atacadas por una empresa privada, como este fondo buitre", no sean desarraigadas ni tengan que irse de su barrio y que "nunca sufran desamparo ante las instituciones públicas".
Tras calificar la venta de las viviendas como "un robo a todos los madrileños, no solo a las familias", espera que todos los grupos apoyen la iniciativa, aunque el Partido Popular "se ha quedado al margen e incluso está atacando la comisión de investigación".
Pese a ello, el PSOE pide a la Justicia y a las administraciones "que se haga justicia de verdad", para lo cual está buscando "la nulidad del proceso y que las personas que tomaron estas decisiones claramente injustas y lesivas de la venta asuman responsabilidades", ya que la operación "se hizo mal en términos de procedimiento y de contratación".
Para ello, llevarán el miércoles al pleno una iniciativa para que se garantice, con el apoyo de PSOE y de Ahora Madrid, todo el apoyo de asesoramiento jurídico y de solución habitacional para Mejías. "Hay que intentar, hasta el 6 de octubre, por todos los medios que la familia de Arantxa Mejías no se tenga que marchar", ha dicho la socialista.
Mejías, por su parte, ha declarado que su situación sigue siendo la misma, tras recibir un burofax que le daba un mes para abandonar la vivienda, plazo que termina el 6 de octubre.
"Estamos contentos de que haya un apoyo y una unión de los partidos Socialista y Ahora Madrid, y el apoyo dubitativo de Ciudadanos, que creemos es bastante favorable", ha dicho la portavoz de los afectados.
El abogado de la asociación de afectados está "peleando para reabrir la causa", estudiando las medidas judiciales oportunas para "paralizar la injusticia por el trato discriminatorio" a Mejías respecto a otros vecinos por parte de Fidere, en lo que se considera "una represalia", ya que en ningún momento dejó de pagar en diez años, y no es una persona en absoluto conflictiva con los vecinos.
Mejías ha explicado que, al vencer los contratos, Fidere los ha ido renovando, aunque en condiciones "más leoninas" que las que tenían inicialmente, ya que ahora "se renuevan por tres años en vez de los diez del contrato anterior, y con una subida progresiva de hasta el 43% en ese periodo".
En su caso, ha detallado que paga 700 euros mensuales por una vivienda de tres dormitorios, cifra que "considera bastante alta para ser un alquiler social", y al que habría que sumar un 43% de subida.
