El presidente de Aena declara como investigado por el sobrevuelo en Santo Domingo

Los demantes reclaman el "cese" de los sobrevuelos en la urbanización Santa Domingo

Hace ocho años, el Supremo ordenó el cese de la causa de la lesión por sobrevuelos en aterrizajes

Iberia alerta del desastre que supone limitar las operaciones en Barajas

madrid

| 04.07.2016 - 13:43 h
REDACCIÓN

El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha tomado hoy declaración como investigados al presidente y consejero delegado de AENA, José Manuel Vargas Gómez y al anterior presidente de AENA, Juan Ignacio Lema Devesa, este lunes por presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente. La juez María del Sagrado fijó las comparecencias en el marco de la querella que investiga diversos desacatos judiciales en relación a los sobrevuelos de aviones en esta urbanización madrileña, situada a 16 kilómetros del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Vecinos de la urbanización de Ciudad Santo Domingo, en Algete, interpusieron una querella criminal contra el actual presidente de Aena, José Manuel Vargas Gómez, al entender que incumple los pronunciamientos judiciales en firme para cesar el ruido por tráfico aéreo que sufre la zona. Según detallan, la querella se extiende al anterior presidente de AENA, Juan Ignacio Lema; a la directora de Planificación y Medio Ambiente del ente, Amparo Brea; y al anterior responsable de ese departamento, José Manuel Hesse Martin.

En 2008, el Tribunal Supremo estimó la lesión de los vecinos del derecho fundamental a la intimidad domiciliaria y ordenó la adopción de medidas para que cesara la causa de la lesión.

Desde que se inició el litigio, los vecinos han defendido que la lesión es evitable mediante aterrizajes desde el Norte hacia Barajas por la izquierda, pasado Ciudad Santo Domingo, que evita toda población y cumple con la organización mundial de seguridad OACI, permitiendo mantener el uso de todas las pistas.

La querella también se dirige contra cualquier otra persona que pudiera resultar responsable, al amparo de lo dispuesto por Art. 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los querellantes consideran que los hechos revisten caracteres de presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.

El delito contra el medio ambiente del artículo 325 y siguientes del Código Penal está castigado con penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio uno a tres años.

En su caso, los vecinos piden que los querellados presten fianza para continuar en libertad -privándoles de ella si no lo hicieren- y cubrir responsabilidades civiles o pecuniarias, que de no prestarse se decrete embargo de bienes.

El Juzgado de Instrucción 35 de Madrid admitió a trámite esta querella criminal el 13 de noviembre de 2014. Estos querellantes además están admitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en ejecución de Sentencia del Supremo en la que están personados 1.269 residentes de Ciudad Santo Domingo.

Los querellantes señalan que han pasado ocho años desde que el Supremo ordenase el cese de la causa la lesión de derechos fundamentales por sobrevuelos en aterrizajes hacia el aeropuerto Madrid-Barajas, hoy Adolfo Suárez, en una población libre de afecciones y servidumbres acústicas, consolidada muchos años antes de las ampliaciones del aeropuerto.

IBERIA ALERTA DEL "DESASTRE" QUE SUPONDRÍA LIMITAR LAS OPERACIONES EN BARAJAS

El presidente ejecutivo de Iberia, Luis Gallego, se ha sumado hoy a las advertencias de Aena respecto al riesgo que supone para la economía madrileña y la nacional reducir el tráfico en una de las pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas para eliminar el ruido en una urbanización cercana.

El sector aéreo está pendiente de la próxima sentencia del Tribunal Supremo sobre la denuncia de los vecinos de la urbanización Santo Domingo de Algete, en Madrid, -inicialmente 345, y desde 2006 sólo 5-, que piden el cierre o la reducción del 30 % de los vuelos de la pista 18R/36L por el ruido de los aviones que sobrevuelan las viviendas.

Gallego ha pedido que se busquen "otras soluciones que no pasen por llevarse por delante una de las actividades principales de la economía".

Según el directivo, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha ido perdiendo posiciones como "hub" (centro de interconexión) de referencia en Europa respecto a otros, por lo que limitar el número de operaciones, sería "un desastre".

En su opinión, reducir el número de operaciones en Barajas y limitar el crecimiento del aeropuerto madrileño va en contra del objetivo de activar la economía de Madrid y de España, hacer que la terminal T4 y el centro de interconexiones de la capital siga siendo un "hub" de referencia en Europa.

Según Gallego, el cese de los vuelos en configuración sur de las rutas que utilizan la pista 18R, supondría hasta 2030, reducir en 70 millonesde pasajeros la actividad del aeropuerto con una perdida consiguiente de 14.000 puestos de trabajo.

Gallego ha hecho hincapié en la contradicción que supone, por un lado, "pelearnos por abrir rutas a Asia y que el 'hub' madrileño funcione y vuelva a tener la importancia de antes", y, por otra parte, limitar el crecimiento del aeropuerto, si finalmente el Tribunal les da la razón a los demandantes.

A su juicio, si se llega a ese extremo, "me parece un daño tremendo para España y un desastre para Barajas, la T4, Madrid y el país", ha señalado.