El juez envía a prisión a Granados y Marjaliza por formar parte de una "organización criminal"

Granados niega el cobro de comisiones y asegura que la cuenta de Suiza es de Marjaliza

Ambos han sido trasladados a la cárcel de Soto del Real

De madrugada fueron rechazados los recursos de ambos para quedar en libertad

Granados y Marjaliza acudirán ante el Constitucional por supuesta detención ilegal

En libertad ocho imputados en la operación Púnica tras depositar las fianzas

madrid

| 31.10.2014 - 09:22 h
REDACCIÓN

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados y al empresario David Marjaliza por formar parte de una "organización criminal" desarticulada con la 'operación Púnica'.

En un auto dictado este viernes el magistrado atribuye a Granados los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. La resolución judicial detalla que el exnúmero dos del PP madrileño es "titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado".

Granados y Marjaliza han ingresado a las 18.03 horas en la prisión de Soto del Real, tras ordenarlo así el juez Eloy Velasco, que sostiene que ambos eran cabecillas de la trama de corrupción destapada en la operación Púnica.

Ambos han entrado en la cárcel madrileña en un furgón de la Guardia Civil horas después de que Velasco acordara enviar a ambos a prisión incondicional después de interrogarles.

El dirigente del PP ha comparecido durante unas dos horas en la Audiencia Nacional, donde ha respondido a las preguntas de la fiscal Anticorrupción y el juez, quien, tras escucharle, le ha enviado a prisión sin posibilidad de fianza imputado de siete delitos de corrupción y uno de pertenencia a organización criminal.

Por su parte, Marjaliza, que se ha negado a declarar ante el juez, es considerado "la cabeza de un amplio entramado empresarial núcleo de una organización criminal", así como "centro" de una "amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades".

GRANADOS NIEGA

El exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos y ha asegurado que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad del empresario y presunto 'conseguidor' de la trama de corrupción desarticulada de la 'operación Púnica', David Marjaliza, según fuentes de la defensa.

Granados, que ha declarado como imputado durante dos horas y media cinco días después de su detención, ha explicado que abrió una cuenta en Suiza en 1996 porque su agente se cambió de banco pero en el año 2000, un año después de su elección como alcalde de Valdemoro, la cedió a Marjaliza y recuperó los 320.000 euros que tenía en este depósito.

Según su versión, el banco no le dejó cerrar la cuenta y le pidió que llevara a otro titular, para lo que eligió a Marjaliza, de quien es amigo desde el colegio.

MARJALIZA SE ACOGIO A LA AMNISTIA FISCAL

El exdirigente 'popular' también ha negado haber realizado negocios u operaciones comerciales con Marjaliza, y ha señalado que la transferencia de 1,6 millones que la Fiscalía de Laussanne (Suiza) detectó en 2013 y que motivó la apertura de la investigación por parte de Anticorrupción es en realidad un traspaso que el empresario habría realizado entre dos de sus cuentas. En los últimos meses, además, Marjaliza se habría acogido a la amnistía fiscal para regularizar estos fondos.

La defensa de Granados, que dirige el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, ha destacado tras el interrogatorio la debilidad de los indicios probatorios que existen contra su cliente en relación con la documentación que se le ha exhibido y los pinchazos telefónicos a los que fue sometido.

También ha negado haber mediado para favorecer a la empresa Waiter Music, que dirigía el empresario José Luis Huerta, y ha dicho que la

única relación que tuvo con él es que le contrató para celebrar la comunión de uno de sus hijos, según fuentes de su defensa.

EL CHALÉ DE VALDEMORO

Granados también ha negado que firmara un contrato de compra-venta con la constructora Dico, que operaba en Valdemoro, para adquirir un chalé con un precio superior a los 300.000 euros. Según fuentes de su defensa, al dirigente 'popular' le ofrecieron el inmueble aunque lo rechazó por entender que no le convenía adquirir una vivienda tan lujosa en el municipio.

La vinculación del exdirigente 'popular' con este inmueble fue desvelada por el director financiero de Dico, David Merino, en 2008 en una declaración realizada ante un notario de Madrid en la que sugería que el inmueble nunca fue pagado por el exalcalde. El empresario aseguró que no sabía si Granados vivía en él o se lo vendió posteriormente a Dico, "o si al final cuando se escrituró, lo escrituró a un familiar suyo, probablemente una hermana".

ACUDIRA AL CONSTITUCIONAL

La representación legal de Granados también tiene previsto acudir al Tribunal Constitucional por la decisión del juez Eloy Velasco de prorrogar el periodo de detención de 72 horas a través de un mandamiento judicial que dictó el pasado miércoles y por el cual tanto el exsecretario general del PP como Marjaliza solicitaron el 'habeas corpus' y su inmediata puesta en libertad. "Se ha aplicado la legislación antitetorrista (que amplía el detención a cinco días) a comunes", han señalado estas fuentes.

A pesar de las explicaciones de Granados, las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez han pedido el ingreso en prisión incondicional de Granados por su participación en la trama de corrupción investigada, informaron fuentes jurídicas.

Según el juez, las "redes clientelares de tráfico de influencias" de la organización de la que formaba parte Granados se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Las resoluciones judiciales dictadas por el magistrado apuntan que las "autoridades municipales" detenidas "se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos".

La fiscal también ha pedido el ingreso en la cárcel sin posibilidad de fianza para Marjaliza y ahora el juez tendrá que decidir sobre esta medida cautelar. Velasco ha tomado declaración, entre ayer y hoy, a 29 detenidos y ha dictado prisión incondicional para cinco de ellos, prisión eludible con fianza a otros trece, libertad con fianza para dos y siete en libertad.

EN LIBERTAD, OCHO IMPUTADOS TRAS DEPOSITAR LAS FIANZAS

El jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero, el concejal de Hacienda de este municipio, José Javier Hernández, y el arquitecto municipal José Luis Navarro son algunos de los ocho imputados en la trama Púnica que han quedado hoy en libertad tras haber depositado las fianzas.

Fuentes jurídicas han informado de que también han pagado las fianzas que les había impuesto el juez Eloy Velasco el empresario Eduardo de la Peña (50.000), el administrador de una empresa del cabecilla de la trama David Marjaliza, Antonio Serrano (100.000), y tres empleados de Cofely: Didier Maurice, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández, los tres de 100.000 euros.

El juez dictó ayer prisión eludible bajo fianza para nueve imputados en la trama de corrupción municipal y regional destapada en la operación Púnica que iban de 25.000 a 300.000 euros, de los cuales han pagado ocho, entre ellos, Ovejero (25.000), Hernández (60.000) y Navarro (100.000 euros).

Por su parte, el empresario José Luis Huerta (300.000) y el jefe de gabinete de la Alcaldía de Parla, Antonio Borrego, (60.000), son los dos únicos acusados que permanecen en prisión por no haber pagado aún las respectivas fianzas.