El juez del caso Gürtel pide a la Comunidad de Madrid información sobre 15 actos

Juez Ruz (Archivo)

madrid

| 27.02.2014 - 12:46 h
REDACCIÓN

La Encuesta de Telemadrid

¿Para combatir la corrupción te muestras a favor de la eliminación de los billetes de 500 euros?
¿Para combatir la corrupción te muestras a favor de la eliminación de los billetes de 500 euros?
Si
80.4%
No
19.6%

El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido a las consejerías de Sanidad y Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid información sobre si quince actos, muchos de colocación de primera piedra en hospitales, fueron realmente pagados por las empresas adjudicatarias de las obras.

En un auto, el juez intenta comprobar si estos actos fueron efectivamente abonados por las empresas concesionarias de las obras principales de diversos hospitales, viviendas de protección oficial o carreteras, y no encargados a empresas vinculadas a la trama Gürtel, tal y como sospechan los investigadores.

Para ello, pide a la Comunidad de Madrid la información sobre si el pago de los actos estaba incluido en los contratos públicos que se les adjudicó para la construcción de las infraestructuras públicas.

Así, y a petición de la Fiscalía, que se basa en un oficio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el juez pide certificación de que en las adjudicaciones estos actos aparecen como una "prestación accesoria que el adjudicatario del contrato tiene que asumir a su cargo".

Pide esta información a Sanidad en referencia a la colocación de la primera piedra de los hospitales 12 de Octubre, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Sur-Par, Aranjuez y Vallecas, actos celebrados en 2005, así como la colocación de la primera piedra y una visita al hospital de Valdemoro y la primera piedra del Policlínico Hospital 12 de Octubre, estos últimos en 2006.

A la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda le reclama información sobre el acto de primera piedra del PAU de Vallecas y Ventillas en 2005, la primera piedra de viviendas en Torrelodones ese mismo año, una entrega de viviendas en San Sebastián de los Reyes en 2007 y la inauguración en 2007 de la carretera M-407.

El juez reclama a las consejerías que en un plazo de cinco días certifiquen si consta en los pliegos de los contratos de construcción de los hospitales que el adjudicatario tiene que asumir el coste de los actos de inauguración, así como en qué fecha y por quién se aprobaron los pliegos de tales contratos y la adjudicación de los mismos.

La información sobre estos quince actos ya fue requerida por el juez el pasado mes de septiembre dentro de una petición de información más amplia sobre 71 actos de la Comunidad de Madrid, pero el último informe de la Intervención General del Estado (IGAE) enviado a Ruz destacaba que las consejerías madrileñas solo habían remitido la documentación sobre cinco de ellos.

El informe indicaba que cuatro consejerías de esta comunidad autónoma (entre ellas Sanidad) no habían atendido al requerimiento que Ruz les hizo para que remitieran información sobre la adjudicación de los 71 actos, lo que negó la Comunidad de Madrid asegurando que sí habían hecho llegar esa información a la Policía.

El informe asegura que en algunos actos de los que ahora pide la documentación, como la colocación de la primera piedra de los hospitales de Aranjuez, Valdemoro y Policlínico 12 de Octubre, figura "alguna empresa del grupo FCS (Francisco Correa Sánchez), del grupo Rafael o de Lata Latina", vinculados con Gürtel.

La IGAE concluía en el informe que la Comunidad de Madrid adjudicó al Grupo FCS, vinculado a la trama Gürtel, 347 actos, de los que el ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo obtuvo un beneficio de 289.889 euros.

En el auto, el juez también pide "nuevamente" a la Consejería de Sanidad que remita en cinco días la información que tenga de "la naturaleza, órgano de dependencia y estatutos de las entidades dependientes de su Consejería Gerencia Área 4 y Hospital de Getafe durante los años 2005 y 2006".

Ruz investiga en el caso Gürtel la adjudicación de numerosos contratos por parte de la Comunidad de Madrid a empresas vinculadas con la trama supuestamente liderada por Francisco Correa, que presuntamente fueron en muchos casos fraccionados para evitar que se sometieran a concurso público.