La Fiscalía de Madrid y la acusación particular que representa a víctimas de Jorge M.C., condenado a 192 años de cárcel por acosar a más de 67 menores, han solicitado este martes al tribunal que juzgó los hechos su ingreso en prisión tras transcurrir más de quince días desde que se dictara sentencia y ante el peligro de posible reincidencia.
Jorge M.C ha acudido esta mañana a la Audiencia Provincial de Madrid para estar presente en una vista de aclaración de la sentencia que le condenó a 192 años de prisión, de los que serán efectivos once años.
En la vista, la abogada Carmen Carcelen ha reclamado al tribunal que el condenado ingrese en prisión, a lo que se ha adherido el fiscal. Por su parte, el abogado defensor ha rechazado esta medida, puesto que su cliente tiene prohibición expresa de acercarse a la víctimas. Asimismo, ha recordado que Jorge tiene obligación de comparecer cada quince días ante la autoridad judicial y se le ha retirado el pasaporte.
"Este señor no puede seguir en libertad", ha recalcado la letrada de las víctimas, en alusión al tiempo que puede transcurrir hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación de la sentencia.
En la sentencia, el tribunal le consideró responsable y autor de más de 50 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, nueve delitos de elaboración de pornografía infantil, un delito contra la integridad moral, cinco de amenazas graves, uno de distribución de pornografía infantil y cinco faltas de injurias.
A pesar de que el procesado llegó a contactar hasta con 251 jóvenes, sólo desfilaron por la sala de la Audiencia Provincial madrileña unas 80 chicas localizadas por la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT).
Durante la vista, las jóvenes relataron cómo eran víctimas del acoso de Jorge a través del Messenger, el que utilizaba para exigirlas que se mostrarán desnudas ante él bajo la amenaza de que mostraría las fotografías que las arrebataba a sus familiares.
Por su parte, durante el juicio varios psiquiatras aseguraron que el ciberacosador sufre un trastorno esquizoide de personalidad por su patrón de distanciamiento con la sociedad y han indicado que esta situación le lleva a trastornos de inclinación sexual como al voyeurismo y a practicar el 'sexting' en Internet.
De hecho, el juez, en su fallo expone como hechos probados que el acusado, desde 2007 a 2009, valiéndose de sus conocimientos informáticos y ocultando sus datos relativos a sexo y edad, contactaba con personas, casi todas chicas menores de edad, a través de distintas páginas de Internet y tras mantener conversaciones les pedía que le enviasen fotos o vídeos de ellas desnudas, así como les exigía que conectasen la webcam para obtener imágenes.
Ante la negativa, les profería insultos y amenazas, bloqueándole las cuentas de correo y apoderándose de las mismas, así como de sus contactos, datos personales, fotografías y vídeos que aquellas tenían en el escritorio o en carpetas de sus ordenadores.
Tras ponerle de manifiesto a las víctimas el control que tenía sobre sus cuentas y contactos, en muchos de los casos conseguía que les mandasen fotos y vídeos mostrando sus cuerpos desnudos, adoptando posturas y actitudes de claro contenido pornográfico, no sin antes amenazarles e insultarles con el fin de obtener una permanencia en el tiempo de dichas conductas.
A raíz de la denuncia de una de las chicas en Madrid, la Policía solicitó al juez que oficiara a Microsoft para que informara sobre todos los datos de tráfico de comunicaciones que dispusiera sobre sus cuentas.
El procesado fue detenido en Chipiona (Cádiz) después de que la Policía comprobara que desde su domicilio en la calle Estrella Polar se habían realizado las conexiones con las citadas cuentas.
