El fiscal pide 4 años de prisión para el empresario Miguel Ángel Flores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave en el caso Madrid Arena, en el que fallecieron cinco jóvenes en una fiesta de Halloween en 2012, según las conclusiones provisionales hechas públicas.
Por los mismos delitos, la Fiscalía reclama una pena de tres años de prisión para otros once acusados más (responsables de la seguridad del evento) y dos años y seis meses de cárcel para los médicos Simón Viñals y su hijo Carlos, encargados de la enfermería del Madrid Arena, así como su inhabilitación para ejercer la profesión durante seis años.
En su escrito, el fiscal pide que se sobresea la causa con respecto al exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo, que dimitió en septiembre tras su imputación por el juez del caso, y al coordinador de Seguridad del Madrid Espacios y Congresos (Madridec), propietaria del recinto, José Luis Rodríguez Caamaño, por considerar que no hay "indicios suficientes para apreciar indicios de responsabilidad criminal".
También demanda el fiscal que se indemnice a los familiares de las víctimas con cantidades que oscilan entre los 243.000 y los 338.000 euros, así como al pago de otras cifras menores a una treintena de lesionados en la avalancha que se produjo en la fiesta.
SE IMPUTAN CINCO DELITOS DE HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA
La petición del fiscal contra el organizador de la fiesta, el empresario Miguel Ángel Flores, responsable de Diviertt, coincide con las penas reclamadas por los abogados de las familias de las cinco víctimas de la tragedia, ocurrida en la madrugada del 1 de noviembre de 2012.
El fiscal considera que Flores, con "un claro ánimo de enriquecerse", vendió más entradas de las que permitía el aforo ("un mínimo" de 22.800 frente a 10.620 de aforo), "con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado que le eran exigibles por su condición de empresario dedicado al mundo del espectáculo".
Al vender el doble de las entradas del aforo autorizado, señala la Fiscalía en su escrito, era "fácilmente previsible que con ello se iba a sobrepasar la capacidad máxima del recinto, con el consiguiente riesgo para los asistentes a la fiesta".
A punto de cumplirse dos años del suceso, el fiscal pide tres años de cárcel para Rafael Pastor, director del departamento de Seguridad de Madridec; para Francisco del Amo, coordinador de proyectos de esta misma empresa, y para Roberto Mateos, el encargado del control de las cámaras del recinto.
Otros tres años solicita para Santiago Rojo, director general de Diviertt; para Miguel Ángel Morcillo, jefe de Personal de esta misma empresa; para José Ruiz Ayuso, técnico de operaciones de Madridec; para los coordinadores jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde; para el jefe de equipo de esta compañía, José Antonio Díaz Romero, y para los socios de Control 34 Carlos Manzanares y Emilio Belliard.
A Flores y a estos otros once acusados, el fiscal les imputa cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y dieciséis de lesiones también por imprudencia grave. A los médicos Simón Viñals y su hijo Carlos les imputa dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.
ABSOLUTO DESCONTROL
Según relata la Fiscalía, sobre las dos de la madrugada se fue flexibilizando "de forma progresiva" el control de acceso al Madrid Arena "hasta producirse un absoluto descontrol" en la entrada del pabellón, "al permitirse a los asistentes entrar libremente, sin supervisión de ningún tipo, ni entrega de entrada alguna".
El riesgo que suponía ya la venta "excesiva" de entradas fue incrementado cuando Flores, Del Amo y Rojo decidieron que entraran en el pabellón el mayor número de personas "en el menor tiempo posible". El resto de los acusados fue responsable también por no adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar la tragedia, que se desencadenó al producirse una avalancha en el interior del recinto Madrid Arena.
Respecto a los doctores Simón Viñals y su hijo Carlos, el fiscal afirma que al atender a tres de las menores víctimas de los hechos "no fueron capaces de reconocer que", al menos dos de ellas, estaban en parada cardiorrespiratoria y "enseguida diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas".
Además, los dos médicos demostraron, según el fiscal, una "evidente falta de destreza" al atender a las víctimas y faltaron "a las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria que tenían la obligación de conocer".
El pasado 1 de septiembre, el juez del caso, Eduardo López-Palop, imputó en la causa a dieciséis personas, ninguna de ellas miembro de la cúpula de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, a excepción del que era el máximo responsable de la Policía Municipal, que dimitió tras ser imputado.
