El Ayuntamiento restituirá el convento de 1929 cuyo derribo paró la Comunidad por ilegal

El inmueble no figura en el catálogo de bienes y espacios protegidos del Ayuntamiento, pese a que así lo indicaba la normativa de patrimonio, y se autorizó la demolición

madrid

| 30.06.2017 - 09:44 h
REDACCIÓN

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El Ayuntamiento de Madrid restituirá a su estado original el convento de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de 1929 y su entorno después de que la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad frenase el 22 de junio su derribo por ser un Bien de Interés Patrimonial.

El inmueble no figura en el catálogo de bienes y espacios protegidos del Ayuntamiento pese a que así lo indicaba la normativa de patrimonio de 2013 que daba un plazo de un año para actualizarlo y mientras que no se renovase quedaban protegidos los conventos anteriores a 1936 entre otros inmuebles singulares.

Sin embargo, la demolición estaba autorizada por el Ayuntamiento a través de una declaración responsable en la Agencia de Actividades, pese a que el Ejecutivo de Ahora Madrid comparte el criterio del Gobierno regional sobre la ilegalidad y ayer acordó en Pleno reconstruir la parte derruida apoyando todos los grupos una propuesta del PSOE-M.

El Consistorio madrileño aprobó asimismo abrir una investigación sobre la demolición con el fin de "depurar responsabilidades tanto desde el punto de vista político, como de carácter técnico" por parte de la administración municipal o de entidad colaboradora en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU).

El área de Desarrollo Urbano Sostenible que encabeza José Manuel Calvo debe poner en marcha "con carácter de urgencia las medidas de carácter disciplinario y sancionador que correspondan" según el acuerdo plenario.

Se inhabilitará además la posibilidad de demoler edificios así como tala de árboles sin la comprobación previa de los servicios técnicos municipales. Todos los grupos coincidieron también en pedir que se inicie "de forma inmediata y con carácter de urgencia" la revisión del catálogo de bienes y espacios protegidos, como ya exigió el PSOE en el acuerdo presupuestario y político del mes de febrero.