El Ayuntamiento pedirá a la Comunidad la nulidad de la venta de viviendas a Fidere

Por la venta de 18 promociones de vivienda pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo

Se plantea incluso acudir a ley americana contra sobornos

Marta Higueras dice que se reclamará la responsabilidad contable de todos los responsables de esa enajenación

madrid

| 12.09.2016 - 11:43 h
REDACCIÓN

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El Ayuntamiento de Madrid pedirá a la Comunidad de Madrid la "nulidad radical" de la venta de 18 promociones de vivienda pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a Fidere; se sumará a la solicitud de reapertura de la querella presentada por los afectados por la enajenación; se personaría en el procedimiento que podría abrir el Tribunal de Cuentas y solicitaría la responsabilidad contable de todos los responsables de la venta, además de plantearse como hipótesis la posibilidad de acudir a la regulación americana contra los sobornos.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, también presidenta de la EMVS, que ha avanzado que el Ayuntamiento se personará si la asociación de afectados por la venta solicita la reapertura de la querella presentada contra el que fuera gerente de la EMVS, Fermín Oslé, al calor de las "irregularidades" detectadas en el informe definitivo de la Cámara de Cuentas y en la comisión municipal de investigación.

Higueras ha contestado que no tiene sentido que el Ayuntamiento promueva por su parte la apertura de la querella porque, al tratarse de la misma causa, el juzgado las sumaría en una única. Los afectados ya anunciaron que pedirían la reapertura, aunque todavía no se ha producido. Si finalmente no llegara, el Ayuntamiento acudiría a la Fiscalía para instar a la acción penal.

EMBARGO DE LOS BIENES DE LOS IMPUTADOS

La edil ha puntualizado por otra parte que solicitarían, con el proceso en el Tribunal de Cuentas como telón de fondo, la "responsabilidad contable a todos los responsables de esa enajenación", no sólo la del consejero delegado de la empresa. La operación de venta afectó a 1.860 viviendas, más los correspondientes garajes, trasteros y locales, haciendo un total de 5.315 inmuebles.

Ponen en el foco al "consejo de administración, donde hubo consejeros que se opusieron a la venta y a los que no les alcanzará la responsabilidad", en la junta general de accionistas, "que la forman la Junta de Gobierno y que ésta tuvo mucho que decir". Si al final el Tribunal de Cuentas decreta que hay alcance contable, el Ayuntamiento solicitará que se resarza el daño contable y en este punto se "podrían embargar los bienes de las personas imputadas".

EN MANOS DE LA COMUNIDAD

El Ayuntamiento presentará ahora en un plazo de diez días al Consejo Consultivo de la Comunidad o a la comisión asesora sustitutoria la petición para declarar la "nulidad radical" del acto de venta de viviendas, un procedimiento al que se puede acceder sin límite de tiempo y siempre por causas tasadas por la ley.

Dichas causas, en este caso, residen en la "inexistencia de un procedimiento legalmente establecido" para la enajenación dado que lo que hubo, en palabras de Higueras, es una mera "apariencia de procedimiento".

La delegada es "optimista" con el hecho de que la Comunidad determine esa nulidad radical una vez que estudie las alegaciones y las irregularidades encontradas por la Cámara de Cuentas en su informe definitivo. "Está en sus manos que se pueda llegar adelante", ha expuesto.

El procedimiento consta de cuatro fases, preparación, adjudicación, contratación y resolución del contrato, ha detallado la primera teniente de alcalde apoyándose en una pizarra. La nulidad radical sólo afecta a las dos primeras partes, la preparación y la adjudicación.

Si la Comunidad contestara con un 'no' al requerimiento municipal de nulidad, el proceso terminaría ahí, algo que Marta Higueras considera "impensable con todos los indicios que hay", entre ellos el informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que hace un repaso por el rosario de irregularidades encontradas.

Si la Comunidad dijera 'sí' a la nulidad radical, se saltaría a las otras dos patas del proceso, la contratación y la resolución. Se tendría que hacer mediante un procedimiento judicial civil, un proceso "largo" dado que se pueden ir sumando recursos en las distintas administraciones de Justicia, hasta llegar a prolongarse "durante ocho o diez años".

DEVOLUCION DE PISOS, DAÑOS Y PERJUICIOS O COSTAS

Si finalmente concluyese a favor del Ayuntamiento, el proceso supondría la devolución de las viviendas pero también que el Consistorio debería devolver el dinero recibido por la venta, unido al incremento del precio en los sucesivos años y a los daños y perjuicios solicitado por la empresas compradoras.

Si no prosperase costaría al Ayuntamiento unos 30 millones de euros en costas. Higueras, vinculada profesionalmente al mundo de la Justicia, sabe que en este campo nunca hay nada seguro pero ella es de la opinión de que, si se decreta la nulidad, se debe ir al procedimiento civil para recuperar las viviendas.

LA ANULABILIDAD, OTRA OPCION

Otra opción que maneja el Ayuntamiento si la Comunidad decretase el 'no' a la nulidad radical sería optar por la anulabilidad del procedimiento. En este caso sí existe un plazo, junio de 2017, es decir, que la Comunidad tiene que contestar como tope en esa fecha para no cercenar esta vía. "Desde el Ayuntamiento esperamos que la Comunidad nos conteste en un plazo razonable", ha lanzado Marta Higueras.

"Como última posibilidad" y "con mucha cautela" están estudiando la posibilidad de acudir a la regulación americana contra los sobornos, normativa que opera fuera de sus fronteras, dado que la venta se hizo con Fidere como intermediaria de dos fondos americanos, Blackstone y Magic Real State. Esta vía aún no es posible ya que para recurrir a ella se tiene que haber acreditado la comisión de un delito, algo que hasta el momento no se ha producido, sólo que "puede haber apariencia" de ello.

El Ayuntamiento espera acreditar la comisión de delito de connivencia o trato de favor con la querella de la asociación de afectados --ya anunciaron su intención de pedir la reapertura con los indicios del informe de la Cámara de Cuentas y de la comisión municipal de investigación-- o con el procedimiento civil.