El Ayuntamiento demanda a Botella y su gobierno por la venta de pisos a fondos buitre

madrid

| 02.11.2017 - 11:38 h

EFE

El Ayuntamiento de Madrid ha demandado hoy ante el Tribunal de Cuentas a la exalcaldesa Ana Botella y a su gobierno por la venta de 18 promociones de vivienda protegida de la EMVS al fondo de inversión Fidere, filial española del estadounidense Blackstone, con un perjuicio de 127 millones a las arcas municipales. La demanda registrada cuestiona dos operaciones: la venta de 34 pisos y 2 plazas de garaje; y la "de 18 promociones completas de vivienda protegida, de sus elementos vinculados y de otros inmuebles no vinculados, un total de 5.315 inmuebles", a las sociedades Fidere Vivienda y Fidere Gestión S.L.U. por un precio global de 128,5 millones de euros al final de octubre de 2013.

Lo demandados son, además del exconsejero de la EMVS Fermín Oslé, la exalcaldesa Ana Botella y los entonces miembros de la Junta de Gobierno municipal: Concepción Dancausa, Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito; Paz González García; Dolores Navarro y Pedro Corral. En la primera operación, realizada entre febrero y octubre de 2013, la venta de 34 pisos y dos plazas de garaje a las sociedades limitadas Avellanar Inversiones y Madrid Town Inversiones se efectuó por importe de 2,07 millones, que los técnicos elevan a "6,31 millones de euros según el valor de mercado en el momento de la operación", ha explicado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo tras registrar la demanda.

En cuanto a las 18 promociones, el valor de mercado de los pisos, de los inmuebles vinculados y no vinculados sería de 249,27 millones de euros en el momento de la operación, según ha valorado una sociedad de tasación homologada por el Ministerio de Economía y Hacienda, ha explicado el actual consejero de la EMVS, Francisco López. Con esta demanda se abre "un procedimiento contable en el que se reclama una restitución del valor económico que dejó de percibir por la venta de patrimonio público por un precio muy por debajo del real", según Calvo.

El perjuicio económico sería "como mínimo de 55 millones de euros", si se aplicase el valor catastral de los inmuebles, y de unos 130 millones de euros de acuerdo con el valor de tasación, que es lo que reclama la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), la cual es 100 por cien pública. Dado que "se reclama contra los particulares que en aquel momento eran los responsables de tomar esta decisión -el exconsejero de la EMVS y la Junta de Gobierno- correspondería la restitución patrimonial a estas personas en concreto".

El importe total cuyo reintegro se solicita se desglosa en 4,05 millones por la venta de 34 viviendas; 120,77 millones por las 18 promociones y otros 2,39 millones en concepto de "la intermediación innecesaria", según la demanda. La enajenación de viviendas individualizadas "no se sometió a procedimiento alguno, alejándose del criterio seguido en ocasiones anteriores y contrariando con ello las normas de disposición de bienes públicos".

Lo mismo pasó en la enajenación de las 18 promociones, "se prescindió de trámites de naturaleza económico-financiera, como la tasación de los inmuebles, la fijación del precio, los informes sobre la viabilidad económica y jurídica de la operación" o los criterios previos en la valoración de las ofertas. "No hubo decisión colegiada; el consejero delegado tomó la decisión y la Junta de Gobierno municipal la aprobó", por lo que deberán responder de forma solidaria, ha explicado López.

Según recogen los informes periciales, se permitió además "la modificación injustificada del precio y del objeto de la venta y se falseó la competencia, distorsionando con ello igualmente el precio ofrecido y aceptado", agrega el Ayuntamiento.

El proceso seguirá los trámites del procedimiento civil ordinario, que son: contestación por los demandados, audiencia previa donde las partes propondrán la prueba, juicio oral y conclusiones. La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, y su homólogo de Urbanismo sostenible, José Manuel Calvo, son los firmantes de esta demanda de reintegro por alcance.