La Operación Calderón podría estar más cerca de desbloquearse y la clave, podría pasar porla construcción de un parque elevado sobre la M-30, a semejanza del High Line de Nueva York. De ésta forma, se prolongarían las zonas verdes sobre la autovía y hasta la Ribera de Manzanares.
Una solución que respetaría el entorno y que cumpliría con las condiciones fijadas por el Ayuntamiento de Madrid, según adelanta el diario El Pais.
El nuevo proyecto arquitectónico, para desbloquear la operación urbanística, reduce la edificabilidad, como exigía el ayuntamiento, eliminando los rascacielos, y ofrece tres soluciones al principal escollo: soterrar la M-30 o dejarla como está, ambas opciones poco asumibles por motivos económicos o sociales, o cubrir ese tramo de autovía con un parque elevado inspirado en el High Line neoyorquino.
La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó la retirada de la suspensión cautelar de la ejecución del plan parcial de urbanismo que recoge la operación Mahou-Calderón, dictada en julio de 2015 y que recurrieron Mahou y el Atlético de Madrid.
En un auto fechado el pasado 9 de marzo, el TSJM rechaza el levantamiento de la medida cautelar sobre el plan parcial que afecta a los terrenos del estadio Vicente Calderón y a la antigua fábrica de cervezas.
El plan parcial contempla retirar de esa zona del distrito de Arganzuela de Madrid tanto la fábrica como el estadio Vicente Calderón -el Atlético se trasladaría al estadio Olímpico de Madrid, conocido popularmente como La Peineta- para urbanizar el área.
Mahou solicitó el levantamiento de la medida cautelar y el Atlético de Madrid se adhirió a esa solicitud, a la que se opusieron el Ayuntamiento de Madrid y la asociación Ecologistas en Acción.
La empresa pidió que se levantase la paralización cautelar alegando la reforma de la Ley del Suelo del pasado mes de diciembre, aprobada por la Asamblea de Madrid y que entre otros aspectos elimina la prohibición general de levantar edificios de más de tres pisos.
Ayuntamiento y asociación alegaron que el plan parcial impugnado se paralizó de forma cautelar al ser anulada la modificación puntual del Plan general de ordenación urbana de Madrid de 1997, y que la aprobación de la reforma de la Ley del Suelo no permitía levantar la cautelar.
