El acuerdo de Aguirre-Botella sobre duplicidades permitirá un ahorro de 42,5 millones de euros

  • Aguirre y Botella firman un protocolo para la eliminar duplicidades administrativas
  • Las dos administraciones garantizan el traspaso de todos los recursos materiales y humanos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, han firmado este lunes un acuerdo para acabar con nueve duplicidades entre ambas administraciones y permitir un ahorro en una primera fase de 42,5 millones de euros, garantizando que el traspaso de competencias se hará con todos los recursos materiales y humanos que tienen hasta ahora. El convenio firmado este lunes hace referencia a una primera fase, que tendrá que ejecutarse antes de que finalice el presente año y donde se eliminarán nueve duplicidades de los 17 servicios que actualmente realizaban las dos administraciones destinados a los mismos ciudadanos y en el mismo territorio, relacionados al ámbito educativo, social, sanitario, cultural y deportivo.

En concreto, la Comunidad de Madrid transferirá al Ayuntamiento de la capital los 17 centros de mayores, centros culturales (el Centro Pilar Miró), instalaciones deportivas (San Vicente de Paul y el Campo de Fútbol de Puerta Bonita) y los tres albergues juveniles.

Por su parte, el Consistorio transferirá al Gobierno regional los tres centros residenciales para mayores, servicios de drogodependencia (siete instalaciones), los dos centros de atención a la discapacidad, los siete bibliometros y la atención telefónica de urgencia, de manera que el teléfono 092 se integrará en el 112.

Ambas administraciones se comprometen a hacer efectivas estas transferencias el 1 de enero de 2013 y que se recojan en los presupuestos para el próximo ejercicio que se elaborarán a finales de año.

En concreto, estiman que con esta primera fase, la cuantificación económica que se ahorra el Ayuntamiento con el traspaso es de 31,5 millones de euros y de 11 millones de euros en el caso de la Comunidad (cada administración asume el gasto de la otra).

SEGUNDA FASE

En cuanto a la segunda fase, ambas dirigentes han explicado que tendrá lugar en el 2013 y supondrá la supresión de duplicidades en el ámbito de asistencia sanitaria de urgencia, de los centros de día de mayores, ayuda a domicilio de dependientes y discapacitados, bibliotecas, asistencia sanitaria, escuelas infantiles de titularidad pública, vivienda y empleo.

Desde julio de 2011, la administración regional y local trabajan para conocer cuáles son los ámbitos en que existen duplicidades y cómo deben corregirse. En el mes de mayo, además, se aprobó en la Asamblea de Madrid un dictamen de la comisión de duplicidades en el Parlamento madrileño, a los que se añadieron trabajos de carácter técnico desarrollados en oficinas de las dos administraciones.

Botella ha garantizado que los traspasos incluyen recursos materiales y humanos vinculados a cada función pero no las dotaciones presupuestarias. En este sentido, la alcaldesa ha explicado que este primer convenio, pionero entre administraciones, "mejorará la asignación de los recursos públicos y abaratará la gestión" de los mismos.

La regidora de la capital ha señalado que los ciudadanos demandan "servicios de calidad y prioridades de gasto razonable", por lo que su esfuerzo pasa por que no se dupliquen los servicios y si bien ha reconocido que hasta ahora duplicar en medio ambiente o seguridad siempre ha sido "beneficioso" porque "contribuye a la mejor protección", hay otros servicios sociales, como los de los mayores, las escuelas infantiles o las bibliotecas, que se reduce a una simple duplicidad. "Hoy los ciudadanos nos exigen que cada euro que gastemos sea necesario e imprescindible", ha recalcado Botella, quien ha señalado que, por eso, firman ambas este acuerdo "para delimitar con precisión todas las garantías, evitar duplicidades y ser más eficaces". "Vamos a mejorar la gestión de los servicios públicos y todo sin reducir la calidad y la extensión", ha insistido.

Por último, Botella ha considerado que el "posible ahorro" es "importante" pero lo es "mucho más" el objetivo de "ganar en eficacia y eficiencia" y mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas. Es consciente de que es un "camino muy largo y complicado" pero lo considera "un primer paso" en un momento en el que están "obligados a trabajar" en este sentido.

COMPROMISO DEL DEBATE DE INVESTIDURA

Por su parte, la presidenta madrileña ha asegurado que es una "satisfacción enorme" el haber podido firmar este protocolo porque van a prestar "de manera más eficiente, con menor costo a la misma y mejor calidad" los servicios ahora duplicados. Además, ha recordado que es un acuerdo cuyo compromiso adquirió en el debate de investidura celebrado hace un año, "cuando los madrileños le entregaron la mayoría al PP".

"Me comprometí a crear una comisión para determinar con claridad las competencias duplicadas y lo cierto es que Madrid es la única que ha llevado a su Parlamento una iniciativa de este tipo", ha recordado la dirigente autonómica, quien ha añadido que las situaciones de crisis "muchas veces tienen aspectos positivos" y se afrontan problemas "que en épocas de bonanza nunca parece el momento" de hacerlo.

En este punto, Aguirre ha explicado que hasta el momento no es que el Ayuntamiento y la Comunidad lo hayan estado haciendo mal con las duplicidades, sino que lo han hecho con "la sana intención de aumentar el beneficio" y ha recurrido al refranero para apostillar que "el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones".

La presidenta madrileña ha recalcado que los ciudadanos quieren que "el servicio que se le preste sea de la mejor calidad y al menor coste posible" independientemente de quien lo gestione, por lo que ha considerado un paso importante el acuerdo de hoy, que tiene también como objetivo el extenderlo a otros municipios de la región "para beneficiar a un mayor número de ciudadanos".

Durante la firma del acuerdo, que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, han estado presentes los consejeros del Gobierno de Aguirre, los delegados del Consistorio de la capital, y algunos diputados, como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Iñigo Henríquez de Luna.