Dimite el alcalde de Serranillos después de tratar de llevarse documentos

  • Dimite una semana después de ser detenido
  • Sánchez Fernández fue detenido y está imputado en la operación Púnica

El alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, ha presentado su dimisión, según fuentes municipales, horas después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan impedido que el ya exalcalde se llevara documentación de su despacho en el Ayuntamiento.

Sánchez Fernández, de la formación independiente UDMA, fue detenido la semana pasada en el marco de la operación Púnica imputado por los delitos de prevaricación, fraude, malversación y cohecho, pero no pasó a disposición judicial por motivos de salud.

Tras ser sorprendido "in fraganti" por un funcionario del consistorio llenando cajas, agentes de UCO han impedido el alcalde de Serranillos del Valle sacase documentación del Ayuntamiento.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a Sánchez Fernández tras el incidente de hoy para que mañana rinda declaración.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del juez Velasco por un funcionario del Ayuntamiento a través de una comunicación en la que se alertaba de que el alcalde había comparecido en el consistorio con cajas vacías y "las está llenando con documentación de su despacho posiblemente para llevársela".

El juzgado pidió entonces a la UCO que verificara la veracidad de esta comunicación para que en el caso oportuno tomara las medidas necesarias para evitar la desaparición y destrucción de pruebas, imprescindible para la averiguación de los hechos que se investigan en la causa.

En cumplimiento a la petición del juez, la UCO envió al Ayuntamiento una patrulla desde Griñón, localidad próxima a Serranillos del Valle, para evitar que se sacara documentación que pueda guardar relación con lo investigado.

El juez ha citado para mañana martes al alcalde a las 9.00 horas como imputado para llevar a cabo el cotejo de la documentación en su presencia y devolverle lo estrictamente personal, quedando la restante a disposición del juzgado.

Por su parte, tras este incidente, el resto de los concejales de UDMA en el Ayuntamiento de Sarranillos del Valle ha exigido la dimisión del alcalde y su renuncia al acta de edil.

En un comunicado, los concejales de UDMA han señalado que el comportamiento de Sánchez Fernández ha ocasionado "gravísimos perjuicios al normal funcionamiento del Ayuntamiento".

Los ediles también se han comprometido a "adoptar las medidas necesarias para erradicar la intervención de las empresas o empresarios implicados en el proceso penal en la prestación de los servicios públicos que, en su caso, les hubieran sido adjudicados" por el consistorio Serranillos del Valle.

LA UCO ANALIZA LA DOCUMENTACIÓN INCAUTADA EN LA OPERACIÓN PÚNICA

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue analizando la abundante documentación incautada en los ayuntamientos y en empresas implicadas en la operación Púnica, así como las llamadas de trabajadores de otros consistorios para aportar datos sobre posibles contratos con esas sociedades.

Así lo han manifestado a Efe fuentes de la investigación, que han indicado que los agentes de la UCO estudian detenidamente la documentación, tanto en soporte papel como informático, intervenida en la veintena de registros físicos de las casas consistoriales, de las oficinas de las empresas y de los implicados, a los que hay que añadir las decenas de requerimientos de información.

Una ardua labor porque, además de los ayuntamientos, la UCO y el juez de la Audiencia que lleva el caso disponen de un listado de más de 120 empresas a investigar, entre ellas Cofely, la entidad más beneficiada por la trama de corrupción encabezada por el exscretario general del PP en Madrid Francisco Granados, y su amigo y empresario David Marjaliza, ya en prisión.

Pero también otras como Waiter Music, cuyo administrador, Jose Luis Huerta, para quien el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó prisión eludible bajo una fianza de 300.000 euros.

Además, la UCO está analizado e investigando los datos que numerosos trabajadores de otros ayuntamientos que no están por ahora implicados están facilitando sobre contratos de esos consistorios con las empresas relacionadas con esta trama de corrupción municipal y autonómica.

El resultado de esos análisis podría dar lugar a nuevas imputaciones, aunque por el momento el balance de la operación Púnica arroja 37 detenidos y 14 imputados.