Cifuentes acaba con los aforamientos, abre las listas y limita mandatos

Reduce los diputados en la Asamblea, surpime aforamientos e introduce las listas abiertas

La Ley de Gobierno Abierto impulsa la participación ciudadana

Se modificarán las funciones del Tribunal Administrativo de Contratación Pública

La Comunidad abrirá los comedores escolares de colegios en Semana Santa

madrid

| 24.02.2016 - 09:21 h
REDACCIÓN

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciad que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno o ha avanzado en la tramitación de cuatro reformas legales en materia de regeneración democrática, transparencia y gobierno abierto en nuestra región.

El Consejo ha visto el anteproyecto de la reforma de la Ley orgánica del Estatuto de Autonomía, que ahora está pendiente del informe preceptivo del Consejo de Estado y ha anunciado la aprobación del proyecto de Ley de medidas de regeneración democrática que será remitido a la Asamblea de Madrid para su debate.

REDUCE EL NÚMERO DE DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA Y SUPRIME LOS AFORAMIENTOS

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó además el proyecto de Ley de Medidas de Regeneración Democrática de la Comunidad de Madrid y el anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

El primero para su debate en la Asamblea y el segundo para su remisión al Consejo de Estado, que emitirá el preceptivo dictamen previo, según explicó su presidenta, Cristina Cifuentes, quien destacó la fijación del número de diputados regionales entre 80 y 100 y la eliminación de los aforamientos.

Cifuentes indicó que con estas iniciativas, que recogen las medidas incluidas en el Plan de Regeneración Democrática de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional quiere "eliminar privilegios, recuperar la ética de la política y hacer que los cargos públicos estén necesariamente al servicio de los ciudadanos".

Así, a través del proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía, y con el objetivo de "acercar los representantes políticos a los ciudadanos y que éstos tengan un mayor conocimiento de la realidad de su circunscripción, se limita el número de diputados de la Asamblea regional a un mínimo de 80 y un máximo de 100", frente a los 129 que existen en la actualidad.

Además, la norma introduce la posibilidad de establecer más de una circunscripción electoral en el ámbito de la Comunidad, señaló Cifuentes, quien manifestó que estos dos aspectos se concretarán por una Ley de la Asamblea.

Asimismo, añadió, y con el objetivo de eliminar ciertas prerrogativas de las que disfrutan los cargos públicos, y que a día de hoy han perdido su fundamento, se elimina el aforamiento para los diputados regionales y los miembros del Ejecutivo, en línea con lo que ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno.

De esta manera, indicó, las responsabilidades penales a las que deban hacer frente serán exigibles ante el juez ordinario predeterminado por ley.

El proyecto también limita el mandato del presidente de la Comunidad a dos legislaturas, algo que ya han hecho otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, la Región de Murcia o Extremadura. Señaló que esta limitación se extiende a los vicepresidentes y consejeros para "evitar el riesgo de perpetuación en estos cargos".

LISTAS ABIERTAS PARA LA ASAMBLEA Y REFUERZO DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Por su parte, a través del proyecto de ley de medidas de regeneración democrática de la Comunidad de Madrid, se implanta un sistema de listas abiertas en las elecciones a la Asamblea, con el objetivo de "dar un mayor protagonismo a los electores, que adquieren así un mayor control en la designación de los candidatos que les van a representar".

Para ello, se exige que las listas electorales incluyan un 20% más de candidatos que de diputados a elegir en la circunscripción, de forma que cada elector pueda dar su voto a quienes desee hasta completar el número total de representantes de su circunscripción.

La norma también declara incompatible la condición de diputado con la de alcalde o concejal, para eliminar posibles conflictos de interés y garantizar una mayor independencia. De la misma manera, se declara la incompatibilidad de la condición de viceconsejero con la de diputado y se suprime la previsión legal de que los vicepresidentes deban ser miembros de la Asamblea.

Además, con carácter general, los diputados tendrán que tener "dedicación exclusiva para garantizar que todo su esfuerzo, capacidad y experiencia profesional se ponen al servicio de los ciudadanos".

Se exceptúa el desempeño de funciones representativas o de participación en órganos colegiados de municipios, corporaciones, fundaciones o similar, y sociedades dependientes; en entes, empresas o sociedades cuya designación corresponda a la Asamblea, la Administración regional o del Estado; las funciones docentes; las actividades de producción literaria, artística, científica o técnica, así como la colaboración y la asistencia ocasional como ponente a congresos, seminarios o similar; y la administración del patrimonio personal o familiar.

La norma fortalece el régimen de incompatibilidades de los altos cargos durante los dos años siguientes a la fecha de su cese y no podrán realizar actividades privadas en entidades que haya resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado en ejercicio de su cargo ni podrán celebrar, por sí mismos o a través de entidades en las que participen con más de un 10%, contratos de servicios con la Administración regional, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas.

Además, durante los dos años siguientes a su cese, los altos cargos deberán efectuar declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio, ante el órgano al que se adscribe el Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

En el plazo de un mes, este órgano se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará a la persona interesada y a la entidad en la que fuera a prestar sus servicios.

GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proyecto de Ley de gobierno abierto regula la participación ciudadana de modo individual o colectivo, y establece tres instrumentos: las aportaciones ciudadanas para conocer la opinión sobre cualquier tema mediante un canal abierto en internet; las consultas públicas que también incluyen la vía telemática y los procesos de deliberación participativa, que se abrirán a iniciativa de la administración.

Todos ellos serán procesos públicos pero "no vinculantes", según ha detallado la presidenta. La norma extiende las obligaciones de transparencia a toda la administración, a la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas, los ayuntamientos, empresas públicas, partidos políticos, sindicatos, universidades públicas, así como organizaciones empresariales y entidades privadas que hayan recibido subvenciones públicas.

Fija unos contenidos mínimos de información que deben ofrecer sobre su funcionamiento, sus altos cargos, contratación, subvenciones y patrimonio, además de establecer un régimen sancionador por incumplimiento que prevé el cese de cargos públicos y sanciones económicas.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA

Por último, se ha dado visto bueno al proyecto de ley que regira el Tribunal de Contratación Pública autonómico, que pasará a llamarse Tribunal Administrativo de Contratación Pública y Transparencia, que va a garantizar el acceso a la información, tramitar las sanciones a altos cargos y resolver cualquier asunto en materia de contratación.

El nuevo Tribunal estará compuesto por un presidente y dos vocales, seleccionados entre funcionarios de carrera, por concurso de méritos objetivo en convocatoria pública. Los tres desempeñarán su función, por un período de seis años improrrogables y en régimen de dedicación exclusiva, como medio de garantizar su independencia, imparcialidad y total objetividad. Será la Asamblea de Madrid la que ratifique en última instancia a los candidatos propuestos, por mayoría de tres quintos del Pleno.

Como competencias destacan la resolución de recursos especiales en materia de contratación; la toma de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y servicios postales o la tramitación de procedimientos y resolución de cuestiones de nulidad contractual.

En materia de transparencia, será el órgano competente para resolver reclamaciones contra la denegación, expresa o presunta, de acceso a la información pública y, por otro lado, la iniciación, instrucción y propuesta de resolución de los expedientes sancionadores de los altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Para el ejercicio de sus funciones, el Tribunal actuará en Pleno o a través de su presidente. Las resoluciones que dicte dicho Tribunal agotan la vía administrativa y podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

LA COMUNIDAD ABRIRÁ LOS COMEDORES ESCOLARES EN SEMANA SANTA

La Comunidad de Madrid abrirá los comedores escolares en Semana Santa para atender los alumnos que necesiten alimentarse en vacaciones, ha informado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Cifuentes ha explicado que "en Semana Santa en la Comunidad de Madrid se van a abrir los comedores escolares". La Comunidad financiará las ayudas de comedor escolar para "atender las necesidades de alumnos que necesiten alimentarse vacaciones de Semana Santa".

Lo harán mediante ayudas directas a los ayuntamientos de la región que cuenten con colegios con comedores escolares abiertos y que realicen actividades extraescolares del 19 al 29 de marzo. Recibirán una cantidad por día y alumno y el presupuesto será de 2 millones de euros con el que se podrá atender a 15.000 niños.