Descubren 20 escombreras que operaban sin autorización y abren 30 actas sancionadoras a sus propietarios

madrid

| 14.04.2011 - 11:28 h
REDACCIÓN

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La Comunidad de Madrid ha iniciado el procedimiento para clausurar un total de 20 escombreras ilegales, tras una operación realizado el pasado 7 de abril, al tiempo que ha abierto 30 actas contra sus propietarios, que podrían acabar con sanciones de hasta 240.045 euros, ha informado este jueves la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

En la operación policial participó el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y una treintena de agentes ambientales y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y se procedió a inspeccionar una veintena de instalaciones ilegales situadas en el término municipal de Madrid.

De acuerdo con la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental y sin perjuicio de la responsabilidad penal que se les reclame, la Comunidad de Madrid abrió los correspondientes expedientes sancionadores contra las empresas inspeccionadas y que actuaban sin autorización. En total, se inspeccionaron 23, de las que sólo dos tenían autorización para llevar a cabo su actividad.

En caso de tratarse de infracciones muy graves las sanciones podrían llegar a los 240.405 euros por explotación, la suspensión inmediata de la actividad fraudulenta y la restauración de los terrenos, ha recordado el Gobierno regional.

En la operación, coordinada por la Guardia Civil, han participado más de 30 de los cerca de 50 agentes ambientales regionales, que integran las cuatro secciones territoriales de la Comunidad de Madrid. Los agentes procedieron a identificar a los titulares de las instalaciones, inspeccionarlas y levantar un total de 30 actas. En una de las parcelas investigadas, la mayor de ellas, se calculó que los metros cúbicos de RCD almacenados podrían llegar a los 23.000.

"Esta actividad fraudulenta y clandestina no sólo atenta contra el medio ambiente, ya que supone la gestión inadecuada y el vertido incontrolado de los residuos, que no reciben el tratamiento que establece la normativa, sino que supone un importante perjuicio económico para las empresas del sector del reciclaje de escombros que cumplen con la legislación", ha indicado el departamento que dirige Ana Isabel Mariño.

UNA INVESTIGACIÓN CADA TRES DÍAS

El procedimiento para clausurar estas escombreras forma parte del Programa de Inspección Ambiental de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo fundamental es controlar la gestión y luchar contra los vertidos ilegales de residuos. Así, pese a las enormes dificultades que entraña perseguir estas actividades clandestinas, se han abierto más de 450 investigaciones en tres años y medio, es decir, una cada tres días.

Sin contar la actual operación llevada a cabo por la Guardia Civil, se han resuelto de forma definitiva 50 de estos expedientes, dictándose 10 órdenes de suspensión inmediata de la actividad, con fuerte multa económica y restauración de los terrenos (sanciones muy graves) y otras 40 (sanciones graves o leves) con multa entre 25.000 y 120.000 euros y la restauración de los solares. La cantidad total impuesta en todas estas sanciones supera el millón y medio de euros.

En la región existen 29 instalaciones autorizadas para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición, entre las públicas (7) y las privadas (22). De ellas, 13 centros están dedicados al reciclaje y la eliminación de residuos procedentes de la construcción y demolición, cuatro de ellos de iniciativa pública situados en Navalcarnero, El Molar, Moralzarzal y Arganda del Rey.

Ubicados en distintos puntos de la Comunidad para dar servicio a toda la región, la capacidad total de tratamiento de las citadas instalaciones asciende a casi 6 millones de toneladas al año. Por su parte, la capacidad de depósito llega hasta los 25,5 millones de metros cúbicos.

Estas infraestructuras se complementan con otros 16 centros autorizados (tres de iniciativa pública y 13 privados) que tienen como función el almacenamiento y la clasificación de los residuos causados en las labores de la construcción y la demolición para facilitar su posterior reciclaje. En poco más de cuatro años casi se ha triplicado el número de toneladas de RCD destinadas a reciclaje, pasando de las 1.021.621 de 2006 a las 2.706.045 de 2009 (aún no se han cerrado las cifras de 2010).

Tan importante como perseguir los vertidos ilegales y posibilitar el reciclaje en los centros autorizados es recuperar, una vez clausurado el vertedero, la zona en la que éste se encontraba. Para ello, se han sellado, restaurado y convertido en zona verde 73 vertederos, con una inversión de más de 7 millones de euros, ha destacado la Consejería.

Los trabajos realizados han consistido en la limpieza previa del área afectada, los movimientos de tierra para lograr un relieve final de los vertederos acorde con el entorno, el acondicionamiento de redes de drenaje, taludes y plataformas para la revegetación, así como el trabajo final de plantación de especies arbustivas y arbóreas.