Carmena afea la falta de implicación ciudadana en recoger excrementos caninos

  • Sostiene que los descuentos a las concesionarias de limpieza por incumplimiento caen en picado
  • Villacís denuncia que el Ayuntamiento está "maquillando" la situación de la limpieza

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido la necesidad de abordar la "falta de colaboración" de los ciudadanos en la recogida de los excrementos de sus perros, una actitud irresponsable que a juicio de la alcaldesa debe sancionarse.

Carmena ha comparecido en una intervención a petición propia en el pleno de la ciudad, donde ha defendido la labor de su Gobierno en varios aspectos, entre ellos la limpieza de la ciudad, la movilidad, trafico, empleo y licencias de actividad.

En esta comparecencia, la alcaldesa ha defendido que las multas actuales "son muy fuertes" -y así deben serlo, según cree la alcaldesa, porque los excrementos caninos no solo generan suciedad en la ciudad sino que también provocan caídas a las personas- y el Ayuntamiento no impulsa estas sanciones con afán recaudatorio sino de mejora de la ciudad.

Por ese motivo, ha recordado, se ha puesto en marcha un programa piloto a través del que el ciudadano recibirá una notificación de la multa y podrá solicitar su sustitución por una actividad en beneficio de la comunidad.

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha apoyado esta herramienta para que "florezca en Madrid civismo", pero ha denunciado que el Ayuntamiento está "maquillando" la situación de la limpieza al permitir que el Selur realice limpiezas rutinarias en lugar de urgentes y que 2.000 personas de la Agencia de Empleo se sumen a los trabajos que deberían realizar las concesionarias.

Por su parte, la portavoz socialista, Purificación Causapié, ha mostrado su satisfacción por las campañas para mejorar la limpieza de Madrid, pero ha reclamado más instrumentos para facilitar a los ciudadanos la colaboración: "De las 36.000 papeleras de Madrid solo 6.000 tienen bolsas para recoger los excrementos de perros".

Respecto a las rebajas de sanciones a las empresas de limpieza, Causapié ha pedido que se mantengan las inspecciones y ha reclamado evitar que se gaste el doble en limpieza para los distritos más ricos que los más pobres.

Tanbién la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dado cuenta de la caída en los descuentos practicadas a las empresas adjudicatarias de la limpieza por incumplimiento de objetivos tras el máximo alcanzado en septiembre (1,2 millones de euros).

El pasado mes de febrero, el último recogido en las estadísticas mostradas por Carmena en el Pleno, los descuentos fueron de 394.962 euros, la cifra más baja desde el mes de mayo de 2015. El descenso actual responde a "la climatología y a las actuaciones de limpieza intensiva".

También ha reconocido un "repunte" en Navidad (639.155 euros) "por el incremento de actividad en las fiestas y por los permisos del personal". La actual tendencia a la baja responde a "la climatología y a las actuaciones de limpieza intensiva".

Además, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que nunca prometió en campaña remunicipalizar la limpieza sino la posibilidad de rescindir los contratos a diez años firmados por la anterior Corporación "por el servicio tan horrible" prestado.

HIGUERAS CONSIDERA MUY COMPLICADA LA REVERSIÓN DE VIVIENDAS DE LA EMVS

Por su parte. la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo así como presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Marta Higueras, ha confirmado que la reversión de 1.860 viviendas vendidas a fondos buitre derivados de Blackstone "es muy complicada" por un "contrato de venta perfectamente encajado" aunque no descarta en el futuro pedir responsabilidades a los anteriores gestores.

Higueras ha recordado que las querellas de algunas de las familias afectadas fueron archivadas pero entonces no se conocían los detalles del informe preliminar de la Cámara de Cuentas, que expone una serie de "irregularidades" en ese proceso de enajenación del patrimonio público. Es por eso que la vía judicial sigue abierta, condicionada al informe definitivo de dicho órgano de la Comunidad de Madrid. "Si se confirman las irregularidades veremos las acciones judiciales municipales que puedan ser más eficaces", ha expuesto.

La consejera delegada de la EMVS ha sido validada para poner en marcha un informe jurídico --aprobado por todos los grupos en el consejo de administración menos el PP-- para "evitar que esas acciones se repitan en el futuro" ya que el objetivo es que "la 's' de la EMVS no sea de suelo sino de social", en palabras de la delegada.

"MOBBING INMOBILIARIO"

La socialista Mercedes González ha arremetido contra el "mobbing inmobiliario" que se esconde detrás de esta operación de enajenación, firmada por el equipo de Ana Botella, de quien ha dicho que garantizó que "se subrogaban todos los derechos y deberes y que sólo se cambiaba el emisor en los contratos de alquiler", que pasaría de la EMVS a Fidere.

"Fue una afirmación falsa porque Fidere aprovecha cualquier resquicio para subir las cuotas e impedir la prórroga de los contratos, además de descuidar el mantenimiento para deshacerse de las familias para vender y arrendar a precios de mercado", ha remachado la concejala. También ha criticado la "histriónica" medida de Ana Botella de ofrecer 400 viviendas sociales "para la gente que habían echado" con la venta de promociones.

Higueras, en una dura intervención en el Pleno, ha arremetido contra "la mercantilización del derecho a la vivienda de los adjudicatarios" aunque lo que más le preocupa es qué pasará con esas familias porque la EMVS no tiene viviendas. "Hay muy pocas viviendas y muchas familias vulnerables a atender", ha remarcado, antes de afirmar que el Gobierno se propone aumentar el patrimonio municipal.

"Fue una burla al ciudadano que sea el propio Ayuntamiento el que les ha puesto en esa situación tan difícil. No pensaron en las personas, supongo que estarían muy ocupados pensando en los fondos buitre", ha remachado.

Marta Higueras ha dicho que no se sentiría "orgullosa primando los fondos buitres a las personas", lo que ha sido respondido por aplausos desde las bancadas de Ahora Madrid y PSOE" siendo la única alternativa planteada "vender esas promociones para conseguir liquidez".

"ATIPICO PROCESO DE VENTA"

La presidenta de la EMVS ha puesto sobre la mesa que la venta a los fondos buitre también ha supuesto que, al enajenar promociones enteras, "se pierde el derecho de tanteo de los arrendatarios" y también ha confesado que le "sorprende" que se optara por "venderlas más baratas en un atípico proceso de venta, que se inicia con un informe a una auditora que detalla la situación caótica de la EMVS".

A eso ha sumado que el consejo de administración "votó a favor de la venta a una oferta que no era ni la mejor económicamente" aunque sólo salió adelante con los votos del PP.

El concejal de Ciudadano Bosco Labrado ha destacado que los 626 millones de euros de deuda financiera de la EMVS suponen "un reproche a los gestores de entonces", a quienes ha reconocido sus "circunstancias difíciles", pero nunca se puede justificar con esa deuda una venta que además se hizo con "premura".

Para el popular José Luis Martínez Almeida, esta cuestión no es más que un "intento de criminalizar la gestión del PP, calumniar, injuriar y difamar". También ha recordado que la Justicia ha archivado dos autos, uno firmado por el exportavoz socialista Jaime Lissavetzky, y que la decisión de la EMVS de contratar a un abogado penalista "no es más que propaganda".