El exdirector de Seguridad y una asesora no conocían el espionaje a políticos PP

El Consejo General del Poder Judicial no ha autorizado la comparecencia del juez Agustín Carretero en la Asamblea

Barón: "Si hubiera visto cualquier actividad ilegal lo habría denunciado"

Una exasesora de Seguridad tacha de "montaje" el caso del supuesto espionaje en Madrid

madrid

| 08.04.2016 - 14:59 h
REDACCIÓN

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El exdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Enrique Barón ha dicho que si en el ejercicio de su cargo hubiera visto "cualquier actividad ilegal" lo habría denunciado, y una exasesora de Seguridad ha negado haber recibido órdenes de espiar a políticos, un caso que ha tachado de "montaje".

Barón y la exasesora de Seguridad Belén Espartero han comparecido esta mañana en la cuarta sesión de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre el presunto espionaje a políticos del PP, un caso que permanece abierto en los tribunales.

También estaba prevista la comparecencia del juez y exdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad, Agustín Carretero, aunque el Consejo General del Poder Judicial no ha autorizado su presencia, alegando que las autoridades civiles no pueden requerir a un magistrado.

Enrique Barón ha negado tener conocimiento de supuestos seguimientos a políticos del PP por parte del personal de su dirección. "Si yo hubiera visto cualquier actividad ilegal siendo director general, pese a quien pese y me cueste lo que me cueste, yo no me voy a prensa, me voy al fiscal o al juzgado", ha subrayado.

Barón ha explicado que fue el entonces consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Granados, quien le propuso el cargo, y que cuando se incorporó no destituyó al entonces subdirector de Seguridad, Miguel Castaño, quien "jamás" le informó de que hubiera problemas con los tres guardias civiles y los tres policías que ocupaban el puesto de asesores de Seguridad.

Ha indicado que él creía que no necesitaba asesoramiento en materia de seguridad, dada su trayectoria profesional, pero que al fin y al cabo no eran asesores suyos, sino "del consejero". "Qué funciones cumplían, habría que preguntárselo al consejero, a su jefe de gabinete o a quien reportaran (su actividad)", ha añadido.

Barón ha subrayado que estas personas "colaboraban muy puntualmente" con su Dirección de Seguridad, y que simplemente tenían un despacho allí al igual que otras unidades, como el 112. "Yo ni les vi, ni aparecieron, ni se les esperaba por ahí".

Cuando tuvo conocimiento "a través de la prensa" de los supuestos casos de espionaje, Barón habló con Granados -que le dijo que no se preocupara, "que estaba controlado, que no era verdad"- y con varias personas de la dirección, pero "nadie sabía nada de esto".

A ESPARTERO EL CASO DEL ESPIONAJE LE PARECE "UN MONTAJE"

Por su parte, Belén Espartero ha negado haber recibido "nunca" instrucciones para espiar a políticos madrileños del PP en los años 2008 y 2009, un caso que ha tachado de "montaje", en la etapa en que su superior directo era Granados.

Espartero, que es policía nacional, ha reiterado que fue contratada por intermedio del entonces director de Seguridad Sergio Gamón, y que desde el comienzo de su labor, en octubre de 2007, recibía órdenes de Granados pero "nunca" recibió instrucciones para seguir a ningún político ni realizó partes escritos sobre sus misiones.

Según Espartero, en el marco de su labor, que desempeñó hasta el 17 de junio de 2011, formó parte de un grupo dedicado a controlar los actos del consejo de Gobierno, "que eran boicoteados"; y "problemas" en actos oficiales, "especialmente" en los de "la presidenta (Esperanza Aguirre)", los de Sanidad y los de Educación.

La compareciente ha insistido en que los guardias civiles investigados en este caso -José Oreja Sánchez, José Luis Caro y Antonio Coronado Martínez- tenían "un despacho aparte" y que, según su parecer, trabajaban "por libre".

También ha afirmado que al saltar a la luz pública el caso de espionaje le pareció "extraño" y "surrealista", y a su juicio se trata de "un montaje", sobre el que ha asegurado no entender "por qué tanta gente se ha subido a algo que no tiene sentido".

Cuestionada sobre una supuesta visita que pudo realizar a la sede del Campus de la Justicia -donde se robó un ordenador- una medianoche de marzo de 2008 (según se desprende el posicionamiento de su teléfono móvil y tras recibir una llamada de Gamón dos horas antes), Espartero ha respondido que nunca fue o que no recuerda haber ido a ese lugar, y ha llegado a decir que "a lo mejor" le robaron el móvil.

César Zafra, portavoz de Cs en la Comisión, ha dicho que tras las comparecencias siguen "las mismas dudas", y le ha extrañado que en la Comunidad nadie supiera qué hacían los asesores guardias civiles, idea en la que ha ahondado el portavoz de Podemos, Miguel Ongil, que ve "sorprendente" que Barón "no tuviera ni idea de qué hacía un montón de gente dedicada a la Seguridad".

Desde el PSOE, Encarnación Moya ha ironizado sobre la "mala memoria" de los comparecientes, mientras que Alfonso Serrano, portavoz del PP, ha considerado que las comparecencias de las últimas dos sesiones han sido útiles para los madrileños "para ver cómo se desmontan muchas de las especulaciones que hacen algunos grupos parlamentarios".

EL JUEZ CARRETERO NO COMPARECE POR RAZÓN LEGAL

El Consejo General del Poder Judicial no ha autorizado la comparecencia que tenía previsto protagonizar hoy el juez Agustín Carretero en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad en la Asamblea, alegando que las autoridades civiles no pueden requerir a un magistrado.

Así lo ha comunicado la presidenta de la comisión de investigación, Dolores González Pastor, a los miembros de la misma justo cuando estaba prevista la comparecencia de Carretero -exdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad-.

González Pastor ha explicado que minutos antes de que interviniera el anterior compareciente, Enrique Barón, ha recibido una llamada de la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, en la que le decía que se había recibido un escrito del Consejo General del Poder Judicial en la Cámara.

Dicho escrito señalaba que el Consejo General del Poder Judicial no autorizaba la comparecencia de Carretero, y apelaba al artículo 399 de la ley del 6/1985 del Poder Judicial, que sostiene que "las Autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los Jueves y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia".

"Cuando una Autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un Juez o Magistrado, y que no se refieran a su cargo o función, se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquél, previo aviso", añade el artículo de la ley.