El exconsejero del Canal de Isabel II Rafael Merino ha confesado hoy ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, que sospechó de algunas operaciones financieras realizadas por la empresa pública con las que no estaba de acuerdo ya que, a su juicio, el Canal no debía dedicarse a ganar dinero.
Según han informado fuentes jurídicas, Merino ha hecho esta revelación en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional en relación a la compra del 75% de la filial colombiana Inassa por 73 millones de dólares por parte del Canal de Isabel II que causó un endeudamiento de 51,1 millones.
Con él también estaban citados en calidad de investigados los exconsejeros del Canal Ignacio López-Galiacho (ex director general de la Comunidad), Juan María del Álamo, Fernando Autrán (ex coordinador general del Ayuntamiento de Madrid) y Francisco Díaz-Latorre.
De ellos, solo ha declarado Del Álamo en tanto que López-Galiacho no ha acudido a la declaración y los otros dos exconsejeros han alegado indefensión al no haber tenido tiempo para instruirse en la causa porque recibieron la notificación de la citación muy tarde.
Todos estos exconsejeros, salvo Merino, votaron a favor de la adquisición de Inassa en una reunión del Consejo de Administración del Canal celebrada el 14 de noviembre de 2001, si bien Del Álamo ha mantenido que pensaba que la oferta era correcta.
Merino, que ha explicado que no acudió a esa cita porque recibió la documentación tarde y no le había dado tiempo a estudiarla, ha dicho que aunque desconocía la cantidad por la que se iba a realizar la oferta de la compra de Inassa, sospechó de ésta y de otras operaciones financieras porque consideraba que el Canal no debía dedicarse a ganar dinero.
Por su parte, Del Álamo -que sí votó a favor de la compra- ha afirmado que él y el resto de exconsejeros dieron luz verde a la operación en virtud a la presentación realizada por el exconsejero y expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid Arturo Canalda -en ese momento director gerente del Canal-.
Aunque no ha recordado la mayoría de los detalles de la operación -una cuestión que, según las fuentes, le ha recriminado el juez- ha dicho que Canalda enseñó al Consejo de Administración los informes que avalaban la compra y que pensaron que eran correctos.
De hecho, ha dicho que el expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid les aseguró que todas las valoraciones que se realizaron sobre Inassa eran superiores a los 73 millones de dólares que finalmente se pagaron.
Algo que contrasta con lo que sostiene la Fiscalía, que cree que el valor de la empresa colombiana era mucho menor del precio que se pagó y que su compra pudo causar un desfalco de hasta 70 millones de euros a la Comunidad.
Tampoco se ha acordado Del Álamo si el expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón o algún otro cargo público conocía o apoyaba esta operación, si bien ha dicho -siempre según las fuentes- que imaginaba que debía estar al tanto en su condición de presidente regional.
Sobre esta operación deberá declarar mañana el expresidente del Canal y exconsejero de Gallardón Pedro Calvo, que está citado como investigado junto con los exconsejeros del Canal José Manuel Herrero, Roberto Molero, Andrés Muñoz y José Antonio Llanos, este último director general de Carreteras de la Comunidad con Esperanza Aguirre de presidenta.
