El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado la puesta en marcha de un Código de Transparencia para regular las relaciones que los representantes municipales puedan tener con entidades privadas que prohíbe, entre otros puntos, reunirse con empresas sin la presencia de un funcionario.
El objetivo del código es aumentar la transparencia, la libre concurrencia y las buenas prácticas en contratación por parte de los miembros de la Corporación -altos cargos, personal eventual, personal funcionario- con medidas "que van más allá de las que la propia Ley exige", según ha recalcado el Ayuntamiento en una nota.
En este sentido, el Código de Transparencia en materia de relación con entidades privadas prohíbe, entre otras cosas, "mantener reuniones o contactos de cualquier tipo con empresas o todos aquellos que las representen, sin que se comunique previamente a la Secretaría de Pleno y sin la presencia de un funcionario".
Del mismo modo, se prohíbe a cualquier responsable municipal, sea político o funcionario, mediar ante otros funcionarios o políticos a favor de intereses privados de todo tipo, incluyendo la concesión de licencias, la presentación de productos o servicios, pago de deudas o cualquier otro asunto que pueda implicar un trato de favor.
Además, el documento refleja que "ningún representante municipal, electo, alto cargo, personal eventual o funcionario, podrá recomendar los servicios de profesionales o empresas".
El Código de Transparencia también establece que el incumplimiento de las normas recogidas en el mismo "serán objeto del correspondiente expediente disciplinario en caso de ser funcionario o exigencia de responsabilidad en otros casos.
Este nuevo documento complementa al texto que el Gobierno municipal de Alcorcón, liderado por David Pérez (PP), ya aprobó en la pasada legislatura y que obligaba a las empresas que contraten con el Ayuntamiento a "acreditar su solvencia económica" y obligaba a que "en cualquier tipo de contrato liciten múltiples empresas".
Este sistema de control, "pionero en la contratación administrativa", según el Consistorio, se implantó para controlar el gasto y aplicar la legalidad en los contratos públicos.
