El Pleno Extraordinario de Alcorcón ha aprobado iniciar acciones judiciales contra el alcalde, David Pérez, por su labor en la presidencia al "vulnerar los derechos fundamentales de los concejales", tras aprobarse la moción conjunta de PSOE, Ciudadanos, Ganar e IUCM-LV, con los votos en contra del PP.
Este es uno de los principales puntos que lleva la proposición y que los populares entendían que debía ser retirado después de que el secretario general señalase que ya "no procedía" al haberse anulado al principio de la sesión la expulsión del concejal del PSOE Miguel Angel González producida el pasado pleno.
Según el regidor, la decisión se tomó una vez escuchadas las alegaciones del habilitado. Este afirmaba que, durante el pasado pleno, González habría recibido un trato desigual al resto "vulnerando el ejercicio de su derecho como concejal".
Aun así el punto no ha sido retirado y la oposición ha insistido en recalcar la actitud "de constante abuso" ejercida por Pérez es "algo habitual" en su labor en la presidencia.
Además, en la misma moción se recoge la reprobación del primer edil y la condena "firme y tajante" de su actitud por "transgredir la normativa", pidiendo su dimisión inmediata como alcalde del municipio y presidente del Pleno y exigiendo una rectificación y unas disculpas públicas por la actitud mostrada.
La ubicación del pleno también ha sido objeto de conflicto al celebrarse en la Sala de Juntas, fuera del espacio y las horas habituales, por lo que los portavoces de la oposición le han acusado de intentar con ello "dificultar" la presencia de ciudadanos y medios de comunicación, "cuando otros plenos extraordinarios se han realizado en el lugar y hora común". Este extremo lo ha negado el regidor, que ha puntualizado que es algo normal cuando se trata de sesiones no ordinarias.
DENUNCIA
En este sentido, la portavoz del PSOE, Natalia de Andrés, ha insistido en la merma de aforo que supone la nueva localización y ha señalado que "el de Alcorcón va a ser el único alcalde de España que se encuentre en esta situación", denunciado por su propio Ayuntamiento por "abuso de poder".
Los grupos de la oposición han querido dejar patente el hecho de que no es la primera vez que se reprueba a Pérez desde que está en el Gobierno. "Anteriormente ha sido por homófobo y machista, y ahora por su actitud antidemocrática y dictatorial", ha aseverado el portavoz de Ganar, Jesús Santos.
Mientras, el portavoz de Ciudadanos ha reconocido el hecho de que el PP ha sido la lista más votada en las elecciones, pero insistiendo en que Pérez "sólo gobierna para esos votantes, dando la espalda al 70 por ciento restante". "Usted es una máquina de acoso y derribo", le ha espetado, al tiempo que le ha acusado de "usar el dinero de todos para ir en contra de los concejales".
El portavoz de IUCM-LV, José Antonio López Tinaquero, ha destacado que el causante de la convocatoria del pleno extraordinario había sido el propio regidor al intenta repetir una votación en el que "ellos fueron los que se equivocaron".
DIMISIONES
El regidor ha puntualizado esta alusión destacando que hubo una equivocación a la hora ejercer el voto, pero que sólo pidió su repetición después de que el secretario lo "permitiera". Hoy el habilitado lo ha reconocido así, aunque ha detallado que finalmente pidió "revisar el vídeo de la votación".
Pérez, que no presentará su dimisión, ha reconocido que sí es la cuarta vez que le "intentan" reprobar, pero que se trata de una "clara estrategia de acoso y derribo a un Gobierno democrático".
De igual modo, ha dicho que quienes lo hacen tienes tras ellos casos por los que deberían dimitir, poniendo especial atención a la portavoz socialista a quien "se pide una inhabilitación por cinco años" para administrar los bienes ajenos y "para representar a cualquier persona por un periodo de cinco años".
El primer edil también ha hecho alusión a que presuntamente De Andrés habría autorizado durante su estancia en el equipo de Gobierno, la construcción de un centro cultural municipal en unos terrenos que eran de propiedad privada sin concluir el proceso de expropiación.
En una nota de prensa enviada hoy mismo desde el PP explican que el Ayuntamiento ha recibido una sentencia por la que, de ser firme, tendrían que pagar 5,5 millones de euros por una actuación "bastante dudosa", algo que fue "denunciado por los propietarios de dichos suelos".
Según explican en el documento, De Andrés no habría concluido el expediente de permuta "ni inició el expediente expropiatorio, expediente este último que la Justicia indicó ser el correcto". "En definitiva, esta acumulación de casos - el CREAA, Gesmasur o el de los programas familiares de vivienda, y los emergentes casos de Abaco y Fuentecisneros - que no ilustran una forma de actuar especialmente ejemplar, aconsejan y exigen la dimisión de la portavoz socialista", concluye el escrito.
