Aguirre insta a la Fiscalía a actuar contra los boicoteadores del acto universitario

madrid

| 04.09.2012 - Actualizado: 14:58 h
REDACCIÓN

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado este martes que ha dado órdenes a los servicios jurídicos del Gobierno regional para que insten a la Fiscalía o al juez a que tome medidas contra los responsables del boicot al acto que ayer se celebró para inaugurar el curso académico universitario 2012-2013.

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid albergó este lunes el encuentro que finalmente tuvo que ser suspendido por la presencia de un centenar de personas --entre ellos profesores y estudiantes-- que no cejaron de gritar y pitar consignas como 'Esperanza, muérete'. Un grupo de alumnos, además, portaba una pancarta donde se podía leer 'Políticos, a la hoguera' así como el mismo lema dirigido a la presidenta, que también corearon.

"Vamos a instar al fiscal y al juez a que determine, identifique, interrogue y se tomen las medidas que en derecho correspondan contra los responsables de estos actos", ha apuntado Aguirre tras la inauguración de un nuevo acceso a Alcalá de Henares desde la M-300.

Y es que para la presidenta regional la protesta "es legítima" pero otra cosa es cuando ésta "pasa a amenazas de muerte". A su juicio, este tipo de situación es "absolutamente intolerable" y usar "el lenguaje criminal" lo convierte "en un delito". "Una cosa es protestar por las decisiones que las autoridades de cualquier nivel quieran tomar, la protesta es totalmente legítima, pero cuando la protesta pasa a amenazas de muerte y a utilizar el lenguaje criminal, esto ya se convierte en un delito", ha sostenido la dirigente madrileña, quien ha añadido que ha tomado la decisión de pedir al juez que actúe porque lo ocurrido ayer, para ella, es un delito.

Aguirre ha explicado que todas las personas que portaban ayer la pancarta "están identificadas" y les ha pedido un "ejercicio" en el que piensen que aunque a "Esperanza se le puede decir todo", se olvidan de que ha sido "elegida por los madrileños por abrumadora mayoría para ser la presidenta de la Comunidad".

Esto, ha añadido, la convierte "mal que le pese a algunos" en la "máxima representante del Estado" en esta comunidad. Asimismo, ha explicado que ha hablado esta mañana con el rector de la Autónoma, José María Sanz, y que éste le ha garantizado que va a condenar los hechos ocurridos en su centro.

CONDENA A ESTA "ESCALADA DE VIOLENCIA"

En la misma dirección, ha señalado que espera y confía en que todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid condenen los sucesos "porque esta escalada de violencia y utilizar el lenguaje criminal y en algunos casos, necrófilos, verdaderamente" cree que se debe "condenar y desterrar".

"Esto en un régimen democrático como es el español es intolerable* En regímenes totalitarios y genocidas, que puede que a algunos les guste, pues muy bien que lo toleren, pero en la democracia española las amenazas de muerte a nadie se les puede consentir", ha considerado la presidenta madrileña.

Tras insistir en que está "muy chocada y escandalizada" por lo ocurrido, ha señalado que es "no es tolerable" que se viertan amenazas de muerte a "quienes han sido elegidos democráticamente para regir una comunidad, los ayuntamientos y el Gobierno de la Nación. "Ha habido una escalada en el lenguaje criminal y en las amenazas de muerte que, yo creo, no se puede consentir", ha concluido.

EL PP QUIERE QUE LA ASAMBLEA CONDENE LAS AMENAZAS AL GOBIERNO

El grupo popular en la Asamblea va a presentar al resto de grupos una propuesta de declaración institucional en la que se condenen las "amenazas de muerte" contra los miembros del Gobierno regional o los políticos que se escuchan en algunas protestas o que circulan por redes sociales. El portavoz popular en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, ha explicado en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces que su intención es que todos los grupos condenen de forma unánime las "injustificadas amenazas de muerte" y los insultos que se han escuchado en algunas manifestaciones o actos de protesta. Henríquez de Luna ha remarcado que las protestas son legítimas, y más en una situación como la actual de crisis, "pero cuando de ahí se pasa al insulto es criticable, y cuando se pasa a la amenaza o al deseo de muerte a la presidenta regional es ir demasiado lejos".

El portavoz popular, en este sentido, ha explicado que Esperanza Aguirre y algunos miembros del Gobierno regional están recibiendo insultos y "amenazas de muerte" en algunas manifestaciones o a través de mensajes en las redes sociales, y también ha recordado que algunos partidos -como el PSM o el PP- han sufrido ataques en algunas de sus sedes recientemente. Frente a hechos así, "todos los partidos deben hacer un ejercicio de responsabilidad y pedir a los colectivos que se manifiestan un respeto mínimo", ha señalado.

Por su parte, Tomás Gómez, portavoz del PSM, se ha referido en rueda de prensa a la ausencia de la presidenta regional en la inauguración del curso académico universitario de ayer, que tuvo que suspenderse por los gritos y pitadas de un centenar de manifestantes. "Tenemos una presidenta que no puede salir a la calle", ha dicho, antes de recordar que el pasado año tuvo que entrar "por la puerta de atrás" al colegio donde se iba a celebrar la apertura oficial del curso.

Gregorio Gordo, portavoz de IU en la Asamblea, también se ha referido a las protestas de ayer y las ha atribuido a "los efectos que causan las políticas de Aguirre y del PP". "El conflicto social es fruto de las políticas; podemos discutir si se tiene mejor o peor gusto en una pancarta, pero el problema no es ése, es el conflicto social, es un problema de las políticas que están llevando al empobrecimiento masivo de los madrileños y los españoles", ha remarcado Gordo.

Por su parte, el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha dicho comprender el malestar social, "que obedece a razones objetivas y justas" e intentar eliminarlo "es absurdo", pero otra cosa es "cómo se manifiesta" dicho malestar, ha añadido, antes de criticar los insultos o las agresiones en las protestas.