Más de 60 familias asentadas en el poblado chabolista de Las Sabinas, enclavado junto al río Guadarrama, entre los municipios de Móstoles y Arroyomolinos, han sido absueltas de un delito de defraudación de energía, para quienes la Fiscalía e Iberdrola pedían más de 100.000 euros en multas. La sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Móstoles, a la que ha tenido acceso Efe, desestima las peticiones de multas e indemnizaciones que tanto la Fiscalía como Iberdrola pedían para estas familias que viven en este asentamiento ilegal por entender que los inspectores entraron a las chabolas sin una orden judicial.
Los hechos se remontan al 21 junio de 2016, cuando la compañía eléctrica, habiendo comprobado el día anterior los enganches ilegales de varias de las casas, cortó el suministro eléctrico a 96 familias del asentamiento -a la altura del kilómetro 25 de la autovía de Extremadura(A-5)-, denunciando además a varias de ellas por este motivo.
Iberdrola sospechaba que en el poblado podían estar enganchando sus casas a una torre de electricidad que da suministro a unas instalaciones del Canal de Isabel II, por lo que contrató a unos inspectores de la empresa 'Marsan Ingenieros', quienes instalaron unos amperiómetros en los patios de las viviendas para investigarlo.
La jueza aclara en la sentencia que los patios "forman parte de la morada o domicilio de los denunciados" y que, de este modo, para entrar en ellos "era preciso o bien una resolución judicial motivada (que no se solicitó en este caso) o bien la autorización de los respectivos titulares".
De esta manera, el juzgado entiende que los inspectores de 'Marsan Ingenieros' entraron sin orden judicial -pese a hacerlo acompañados por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana y del Pacprona (Guardia Civil)- y sin informar a los vecinos de que, entre otras cosas, tenían derecho a no declarar contra sí mismos.
Por ello, y "sustentándose la investigación penal en una prueba ilícitamente obtenida", la jueza ha decidido finalmente dictar una sentencia absolutoria para las más de sesenta personas acusadas del delito de defraudación de energía, por el cual la Fiscalía pedía más de 140.000 euros -Iberdrola elevaba la cifra a más de 360.000 euros-.
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles llevan años buscando una solución para desmantelar este asentamiento ilegal y realojar a los habitantes que cumplan una serie de requisitos -cosa en la que no se han puesto aún de acuerdo-, bien sea en el propio municipio o en otras localidades colindantes.
En noviembre de 2013, ambas instituciones llegaron a un principio de acuerdo -con una inversión prevista de ocho millones de euros- para el desmantelamiento del núcleo chabolista -el objetivo era concluir el realojamiento a finales de 2017-, pero, después de varios anuncios, el realojo aún no ha comenzado.
La intención es que, una vez realojados los vecinos y desaparecidas todas las casas, se recupere el entorno natural, situado en el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, y se impida que se asienten nuevas familias.
