51 detenidos en una operación contra la corrupción municipal y regional

Granados, seis alcaldes de Madrid y el presidente de la diputación de León, entre los detenidos

Según la Fiscalía se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros

La trama de corrupción estaba "infiltrada" en ayuntamientos y autonomías

Detenidos también los alcaldes de Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco

madrid

| 27.10.2014 - Actualizado: 21:14 h
REDACCIÓN

La 'Operación Púnica', que investiga una supuesta trama de corrupción municipal y regional, que ya se ha cobrado 51 arrestos, es la segunda trama que salpica a alcaldes de la Comunidad de Madrid en cinco años después de que el caso G~rtel acabara con la vida política de varios alcaldes del Partido Popular de la región en la pasada legislatura.

A primera hora de este lunes, agentes de la Guardia Civil han detenido al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y posteriormente, se ha procedido a la detención de seis alcaldes de la región, cuatro de ellos del PP; uno, del PSOE y otro, de Unión Democrática Madrileña (UDMA).

Se trata de los alcaldes de Collado Villalba (PP), Casarrubuelos (PP), Serranillos del Valle (UDMA), Torrejón de Velasco (PP), Parla (PSOE) y Valdemoro (PP).

Hoy mismo, tanto PP como PSOE han avanzado que expulsarán del partido a los afectados en el caso de que se confirmen las acusaciones. Sin embargo, con el caso G~rtel las dimisiones fueron más espaciadas en el tiempo.

Fuera de la región madrileña, la Guardia Civil ha arrestado al presidente de la diputación de León, Marcos Martínez, del PP; al exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa; o el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, entre otros.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se hace cargo de las investigaciones, que han sido declaradas secretas.

Todos los arrestados -51 en total, de los que 14 estarían imputados- serán conducidos a la Comandancia de Tres Cantos y al cuartel de Las Rozas a la espera de que pasen a disposición del titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

Francisco Granados salió a primera hora de la tarde en un coche de la Guardia Civil de su domicilio en la calle Venezuela de Valdemoro -del que fue alcalde-, tras asistir al registro de su vivienda.

Poco después de la tres de la tarde, un vehículo sin distintivos policiales en el viajaba Granados en el asiento trasero ha salido del garaje del edificio. Minutos antes, dos personas han salido del mismo garaje con una carpeta de plástico llena de papeles, discos informáticos y matasellos.

REGISTROS EN MÓSTOLES

Además una comisión judicial apoyada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también está registrando el Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por el popular Daniel Ortiz desde el año 2011. Los agentes estarían revisando contratación de Alcaldía, como han informado fuentes municipales.

Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solo en los dos últimos años esta trama de corrupción municipal y regional, que operaba principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia, se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros.

La trama de corrupción estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" de las provincias citadas y lograba contratos públicos en "connivencia" con ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.

El exnúmero de dos de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre es uno de los principales acusados de esta trama.

La trama se habría asegurado "el éxito de adjudicaciones públicas a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

DETENIDO UN GUARDIA CIVIL

Fuentes jurídicas han informado además de que un agente de la Guardia Civil avisó a Francisco Granados de que estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Durante la investigación a esta trama de corrupción, que pivota alrededor de dos "conseguidores" -los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca-, se procedió a intervenir las conversaciones telefónicas de los investigados y los agentes descubrieron que un compañero habría alertado a Granados de las pesquisas que se estaban realizando, lo que sería constitutivo de un delito de revelación de secretos.

Según la Fiscalía, la trama se habría asegurado "el éxito de adjudicaciones públicas a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

Además de los 51 detenidos, en la Operación Púnica se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.

También 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos, así como 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.

SECRETO DE SUMARIO

La operación, que ha sido declarada secreta por el magistrado Eloy Velasco, continuará en los próximos días, según la Fiscalía Anticorrupción. Fue en enero cuando se inició la operación después de recibir la Audiencia Nacional una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.

Este ha sido el origen de las pesquisas de la Fiscalía en coordinación con Agencia Tributaria e Intervención General del Estado (IAG) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La información aportada por todos permitió presentar una "detallada querella" ante Velasco, quien incoó diligencias en junio por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.

A partir de esa fecha, según la Fiscalía, el juzgado ha dirigido "un eficiente trabajo de investigación", junto con las instituciones ya mencionadas, para culminar hoy con las detenciones de los 51 acusados y la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito.