El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha cifrado en 1.748 millones de euros las pérdidas en el Producto Interior Bruto (PIB) regional, un 0,5 por ciento, por los paros, huelgas y manifestaciones en 2012, a las que ha responsabilizado también de la pérdida de 23.780 puestos de trabajo, un punto de la tasa de paro actual madrileña.
González ha comenzado la rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno regional del año con un análisis sobre el impacto que a lo largo de este año han tenido las manifestaciones y huelgas en Madrid y en toda España. "Estamos en este momento en una situación de crisis económica grave con fuerte destrucción de empleo y falta de inversión que se ve gravemente perjudicada por parte de muchas manifestaciones, que tienen un grave impacto en la economía y exige una reflexión de los ciudadanos", ha señalado.
El dirigente autonómico ha recordado que se han producido dos huelgas generales y más de mil huelgas en todo el territorio nacional. En el sector público, y sólo en la región, se han registrado 62 huelgas y paros parciales y 2.500 manifestaciones, siete diarias, han tenido lugar en la capital. Según ha explicado, cada hora de huelga supone un coste medio de 19,4 euros, lo que supone que se han perdido 7,2 millones de horas de trabajo en el sector público -una semana de trabajo perdido--, con coste de más de 140 millones de euros.
"Con motivo de las dos huelgas generales, tomando como referencia un seguimiento medio del 38 por ciento, se han perdido 548 millones de euros en el PIB de Madrid y 10.000 empleos. Por ejemplo, sólo en los paros y huelgas salvajes en el Metro supuso una reducción de 234 millones de euros en el PIB regional y más de 3.000 empleos", ha apuntado.
González, ha dicho que el "uso abusivo" de manifestaciones y huelgas ha hecho caer la riqueza de la región un 0,5%, "lo que equivale a 23.780 puestos de trabajo menos" y ha denunciado las perdidas de riqueza, producción y empleo que está causando el "abuso" de esos derechos. Según ha dicho, si no se hubieran celebrado esos paros, el PIB regional habría crecido más de lo previsto y "tendríamos ahora un punto menos de paro".
A la vista de estos datos, González ha hecho un llamamiento a la "reflexión" para evitar el "uso abusivo" del derecho de huelga y de manifestación, sobre todo en épocas como la Navidad, en los que, según ha indicado, cada día las ventas bajan un 15% por estas causas.
"Defendiendo el legítimo derecho a la huelga y manifestación, pero siendo conscientes del impacto del exceso, abuso o mal uso que estas situaciones están teniendo desde el punto de vista del empleo y la economía".
En este sentido, considera que "no es admisible ni justificable" los paros en el Metro de Madrid porque atentan contra "el derecho a la movilidad de los ciudadanos" ni la huelga en Sanidad porque los madrileños "se han visto privados de sus operaciones, consultas o pruebas diagnósticas". "Es respetable pero no puede ser a costa de los ciudadanos, que tienen derechos y pagan los servicios a través de sus impuestos", ha añadido.
Por todo ello, el jefe del Ejecutivo autonómico apuesta por un "punto de equilibrio" entre el derecho a la manifestación y huelga y la garantía en la prestación de los derechos por parte de los ciudadanos. "No se puede hacer siempre a costa de los ciudadanos y de una manera tan abusiva como se está haciendo, como las seis mil operaciones suspendidas. No está justificado que los ciudadanos se vean privados de esta prestación sanitaria. Hay otras vías para expresar sus discrepancias", ha aconsejado.
Asimismo, ha criticado a los piquetes informativos que impiden a los ciudadanos ir a trabajar y ha insistido en que el derecho de huelga "no es exclusivo", ya que existen otros derechos, como el del trabajo, que en ocasiones se impide. Por ende, González cree que "sería conveniente que la ley estableciese ese criterio para que haya un equilibrio" entre ambos derechos porque el exceso de huelgas paros y manifestaciones es "abusivo y nocivo para los intereses de los ciudadanos y de la actividad económica". Eso sí, ha reconocido que la Comunidad de Madrid no tiene competencia para regular estos derechos.
