Antes de junio habrá una plan para conservar los campos de fútbol y padel de Chamberí

  • Comunidad y Ayuntamiento buscarán una nueva empresa que lo gestione
  • El Ayuntamiento tratará de legalizar pistas de Chamberí con una licencia de 2007

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han comprometido este lunes a legalizar las instalaciones de fútbol y pádel en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí y buscar una nueva empresa que lo gestione, ya que la actual se ha declarado en suspensión de pagos y cesará próximamente sus actividades.

El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y presidente de Canal de Isabel II, Angel Garrido, se ha reunido esta tarde con el concejal-presidente de la Junta de distrito de Chamberí, Jorge García Castaño, y representantes de las asociaciones de vecinos 'Parque Sí en Chamberí' y 'El Organillo' para tratar el futuro del Centro de Ocio y Deporte Tercer Depósito de Canal.

En la reunión se han analizado distintas opciones para cerrar una posición compartida por todas las partes implicadas que permita regularizar y mantener parte de las instalaciones del Tercer Depósito (principalmente, el parque y las instalaciones deportivas de fútbol y pádel), tras el auto de ejecución de sentencia dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado 14 de diciembre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid tratará de legalizar los campos de fútbol, las pistas de pádel y las zonas verdes de los terrenos del Canal de Isabel II en Chamberí mediante una licencia que la compañía solicitó al Consistorio en 2007.

Según ha explicado el concejal del distrito de Chamberí, Jorge García Castaño y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, esta fórmula podría evitar el derribo de las zonas que coinciden con el planeamiento urbanístico y que tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid y vecinos quieren que se mantengan.

"No corren peligro las instalaciones de fútbol y de pádel porque dentro de la propia legalidad se contempla el principio de proporcionalidad" y el Ayuntamiento no está obligado a instar al derribo de las partes compatibles con el planeamiento "lo razonable es legalizar lo existente y no que se demuela para construirlo igual", ha explicado Calvo.

No obstante, además de la sentencia "se ha cruzado por en medio un concurso de acreedores" de la empresa que gestiona las instalaciones y que han anunciado que cerrarán el 16 de febrero, aunque el Gobierno local dice garantizar que o no se cierren o estén clausuradas el menor tiempo posible, según García Castaño.

Pese a que según el Gobierno local la solución provendrá de Desarrollo Urbano Sostenible, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy por unanimidad la emisión de un informe sobre las zonas legalizables con el planeamiento urbanístico de la capital y elevar ese escrito a la Comunidad de Madrid.

Con este informe, según ha sostenido la edil de Ciudadanos (C's) Silvia Saavedra, la Comunidad puede pedir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una ejecución parcial de la sentencia que declara ilegal el campo de golf que se construyó en este espacio.

La propuesta de Ciudadanos pide además que Comunidad y Ayuntamiento busquen un espacio en el que establecer un campo de golf público, un deporte que Saavedra ha defendido es "inclusivo" y está "muy democratizado" y por el que han pedido que no se tengan prejuicios.

García Castaño ha recalcado que el Ayuntamiento no tiene problema con el golf, sino que el problema es que en Chamberí, una zona "muy saturada" y con falta de instalaciones se dediquen 45.000 metros cuadrados a esta práctica.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) publicó el 14 de diciembre un auto en el que daba un mes de plazo a la Comunidad para cumplir con la sentencia que obliga al cierre del campo de golf, construido en 2007 durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, y del resto de instalaciones.

"Hoy hemos tenido una reunión fantástica. Agradezco la participación del concejal del distrito y de la asociaciones de vecinos. Hemos convenido en que todos estamos de acuerdo en lo mismo, que es mantener el uso de unas declaraciones en las que no pesa informe contrario de legalidad. Los vecinos quieren que siga funcionado y lo que hay que hacer es legalizarlo desde el punto de vista urbanístico, que es la que corresponde al Ayuntamiento", ha dicho Garrido.