Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Cs) han registrado este lunes en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia para que se investiguen presuntos ilícitos penales por el quebranto patrimonial que supuso para el Canal de Isabel II la compra de la sociedad Emissao Engenharia e Construçao, valorado en unos 36 millones de euros. Los grupos parlamentarios quieren que la Fiscalía investigue quién autorizó y permitió el quebranto patrimonial y la actividad del Canal de Isabel II en Iberoamérica, así como el "entramado" societario en este continente, dado que sospechan de una posible "trama corrupta" en torno a las inversiones realizadas.
La denuncia versa sobre la adquisición por parte del Canal de esta empresa en noviembre de 2013 a través de una sociedad "instrumental" radicada en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua) y que carecía de actividad, según el escrito. El Canal la compró a través de su filial Inassa.
Además, relata que la adquisición de Emissao se hizo por valor de 21,4 millones de euros y un mes después el patrimonio neto en las cuentas del Canal era de 10,6 millones. Al año siguiente, el valor de la sociedad era de 5,4 millones y a finales de 2015 daba pérdidas de 5,5 millones en el balance consolidado del Canal. A su vez, la participación en Soluciones Andinas de Agua arrojaba un balance negativo de 10,5 millones.
El escrito de denuncia ha sido registrado en la sede de la Fiscalía por la portavoz del PSOE en la Comisión de Estudio de la Deuda en la Comunidad de Madrid, Mercedes Gallizo, su homólogo en Podemos, Eduardo Gutiérrez, y el portavoz de Ciudadanos, Juan Rubio. También ha estado presente el presidente de este órgano parlamentario, el diputado de Podemos José Manuel López.
En julio, el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de esta compañía por parte del Canal de Isabel II. Además, el Canal procedió al cese de la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, por pérdida de confianza por su participación en la compra de Emissao.
Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid ya acordaron poner en conocimiento de la Audiencia Nacional las conclusiones de la comisión sobre la adquisición de Emissao, asunto que ha recaído en el magistrado Eloy Velasco.
La denuncia reclama al Ministerio Público que determine la calificación penal aunque los grupos parlamentarios de la oposición sospechan posible fraude con indicios de mala utilización del dinero público, utilización de sociedades off-shore y también administración desleal.
AGUAS TURBIAS EN EL CANAL
La diputada socialista Mercedes Gallizo ha señalado a los medios de comunicación que los grupos denunciantes han detectado, durante el trabajo de la comisión, "irregularidades" suficientemente "graves" en la adquisición de Emissao por parte del Canal. En este sentido, aparte de quedar "al descubierto" un quebranto patrimonial para el Canal, Gallizo ha señalado que hay "signos inquietantes" de una presunta "trama de corrupción" en esta operación, pues la empresa "no valía el dinero pagado" y se utilizaron pagos mediante filiales de bancos suizos. "Nos centramos en una empresa pero creemos que hay que llegar al fondo del asunto", ha subrayado la diputada del PSOE para recalcar que se debe analizar el origen de la actividad del Canal en países de Latinoamérica.
A su juicio, el quebranto patrimonial detectado evidencia que hay operaciones del Canal de Isabel II que tienen "aguas turbias, aguas sucias seguramente por debajo de esa agua estupenda que tenemos en Madrid y que administra el Canal".
Por ello, quiere que las presuntas irregularidades "salgan a la superficie" y se depuren responsabilidades políticas y jurídicas a quienes permitieron estas actividades y a quienes tomaron la decisión de llevarlas a cabo, sobre todo ante las sospechas e indicios de "connivencia de algunas tramas organizadas del blanqueo de dinero sucio" con "cuentas en Suiza" y "sociedades off-shore".
PODEMOS: GONZALEZ HIZO DEL CANAL SU "BANCO"
A su vez, José Manuel López ha relatado que la comisión trae por primera vez un informe a la Fiscalía y que el quebranto patrimonial que generó la compra de Emissao equivale a "más de cien veces" lo que gasta el Canal en bonos sociales.
Para el presidente de la comisión de Estudio de la Deuda la documentación aportada es "la punta del iceberg" de un entramado societario que trata de "borrar" la actividad en Iberoamérica del Canal.
A su vez, ha cargado contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en cuya etapa se creó esta estructura, y "quiso ser presidente de Bankia, no lo consiguió y parece que quiso hacer del Canal su banco particular para hacer negocios".
También ha criticado al actual Gobierno regional pues, en su opinión, no ha sido "claro" en este asunto y asegura que "lo único transparente en el Canal es el agua", pues duda del rigor de los mecanismos de control de presuntas irregularidades, pues entiende que la auditoría interna y externa no funcionaron. Por ello, el diputado de Podemos solicita al Ejecutivo autonómico que suprima la actividad societaria en Latinoamérica.
A su vez, Juan Rubio ha señalado que no entiende cómo no se detectó el quebranto patrimonial cuando se adquirió una empresa por más de 21 millones y luego pasó al mes siguiente a valer 10 millones.
El diputado de Ciudadanos sostiene que el Gobierno regional no ha actuado hasta que ha comenzado a funcionar la comisión de Estudio de la Deuda y le preocupa "la opacidad" del Ejecutivo autonómico, que "no ha ayudado" al trabajo del órgano parlamentario.
