Polémica en un colegio concertado de Alcorcón. El motivo es una carta del director hacia los padres en las que les da la bienvenida al curso con mensajes que han causado malestar. Por ejemplo critica la Ley de Identidad de Genero aprobada por la Asamblea de Madrid y la compara con el fanatismo terrorista.
El director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, envió el pasado 9 de septiembre una carta al alumnado en la que arremete contra la Ley madrileña de Protección Integral frente a la LGTBfobia, y compara el "dogmatismo" de esta legislación con el "fanatismo terrorista".
En su carta, a la que ha tenido acceso Efe, el director empieza manifestando su consternación por atentados terroristas como el de Niza, con 84 muertos, o el asesinato de un sacerdote francés por yihadistas el pasado verano, un panorama frente al cual "nuestros políticos se entretienen en generar problemas inexistentes y complicar las cosas".
Así, en lugar de "defender la familia y nuestras raíces cristianas", los políticos "más cercanos" se ocupan en desarrollar "legislaciones tan absurdas como la Ley de Ideología de Género aprobada en la Asamblea de Madrid", añade la misiva.
Además de cambiar el nombre de la ley de Protección integral contra la LGTBifobia aprobada por unanimidad en julio pasado, el director tilda de "barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre" y considera "dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente".
Tras calificar de "despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones", en referencia a las sanciones recogidas en la ley, el director continúa diciendo que "el parecido -de la ley- con el fanatismo terrorista es inquietante", continúa la misiva.
"Afortunadamente, tenemos obispos valientes que tienen clara su función pastoral de educadores y testigos de la verdad", añade refiriéndose a los obispos Juan Antonio Reig, de Alcalá, y Joaquín María López (Getafe) que arremetieron en agosto pasado contra la ley, por considerarla un "ataque a la libertad religiosa y de conciencia".
Tras "recomendar vivamente" la lectura de la postura de estos obispos, el director afirma que, en el fondo, "el Islam o la ideología de género no son más que otros programas humanos y son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso".
EL COLECTIVO LGTB ARCÓPOLI EXIGE A LA COMUNIDAD QUE REVISE EL CONCIERTO EDUCATIVO DEL CENTRO
El colectivo LGTB Arcópoli ha exigido a la Comunidad de Madrid que revise el concierto educativo que tiene con el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, cuyo director envió una carta a su alumnado criticando duramente la ley LGTB de la Comunidad de Madrid, según las informaciones que han llegado a la asociación a través de sus alumnos.
En un comunicado, Arcópoli asegura que el director del colegio envió una carta firmada a todos los estudiantes para incitarles a no cumplir la ley y evitar "la ideología de género", afirmando que la ley "conculca los derechos fundamentales".
"Creemos que en España no deben caber los centros educativos sufragados con fondos públicos donde se adoctrine a menores de edad afirmando que determinadas leyes españolas parecen 'fanatismo terrorista' porque clamen por la igualdad para homosexuales, transexuales y bisexuales", sostiene Arcópoli.
Para el colectivo, "la libertad religiosa no debe permitir vulnerar el derecho a la igualdad ni a la libertad" y "la libertad de enseñanza no ampara la vulneración de la dignidad ni el ataque a la igualdad de derechos o al libre desarrollo de la personalidad".
Según Arcópoli, han intentado "varias veces" reunirse con la Secretaría del Centro Educativo para "debatir sobre la opinión sesgada con la que tratan de adoctrinar a sus alumnos", pero nadie del Colegio les ha respondido.
Por otro lado, se han puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para expresar su preocupación ante la situación del alumnado LGTB en este centro sufragado con dinero público, ya que, supuestamente, según alumnos que se han puesto en contacto con Arcópoli, el único mensaje que se transmite acerca del colectivo LGTB es que "la homosexualidad es una enfermedad" y que "es posible curar a los homosexuales".
En coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha reclamado que la Consejería de Educación se implique y exija a este colegio, "que desafía las leyes", la realización de "acciones de respeto hacia el colectivo LGTB en el centro para salvaguardar su dignidad y la igualdad de todos los alumnos".
La ley LGTB de la Comunidad de Madrid reivindica el derecho a la integridad psíquica, en todas las fases de su vida y los ámbitos de actuación así como defiende el reconocimiento de la personalidad incluido el derecho de la persona a construir una autodefinición con respecto a la orientación sexual, recuerda Arcópoli.
Según esta ley, añade, la Consejería de Educación favorecerá la realización de actividades específicas para el reconocimiento de la igualdad del colectivo LGTBI, por lo que exige a la Consejería que así lo haga y si no se cumple, se retire el concierto educativo, por vulneración de la ley LGTB.
LA INSPECCIÓN EDUCATIVA ABRE UN EXPEDIENTE INFORMATIVO
Por su parte, el consejero de Educación, Rafael van Grieken, ha explicado que, tras tener conocimiento de los hechos, ha encargado al Servicio de Inspección Educativa un informe con el objetivo de comprobar si el contenido de la carta infringe la normativa vigente sobre conciertos educativos y, en caso de que así fuese, proceder a la apertura de un expediente sancionador.
"Desde la Consejería y el Gobierno regional no compartimos para nada el contenido de esa carta porque para nosotros es importantísimo que el proceso educativo tenga lugar con respeto a la diversidad y a la singularidad", ha indicado en un acto junto al ministro de Fomento, Rafael Catalá.
Además, ha recalcado que Educación no ha recibido ninguna denuncia, reclamación o queja sobre el contenido de la carta ni sobre el funcionamiento del centro por parte de las familias de los alumnos. No obstante, ha indicado que la apertura del expediente determinará las acciones a tomar, si fueran necesarias, y recalca que aún no se puede determinar si se tomarán medidas para quitar el concierto con este centro.
El Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, que pertenece a la Fundación Educatio Servanda, es un centro privado-concertado, sostenido con fondos públicos, y con una educación diferenciada mixta, que separa a los alumnos por sexo solo en las aulas -chicos y chicas comparten solo las zonas comunes-.
Fuentes del colegio Juan Pablo II consultadas por Efe han rechazado realizar declaraciones de ningún tipo sobre este asunto.
CIFUENTES DISCREPA ABSOLUTAMENTE DE LA CARTA Y ASEGURA QUE LA COMUNIDAD ACTUARÁ CON LA LEGALIDAD EN LA MANO
La presidenta regional Cristina Cifuentes ha dicho que "discrepa absolutamente" de las valoraciones del director de un colegio concertado de Alcorcón, que ha comparado la Ley madrileña contra la LGTBfobia con el "fanatismo terrorista", y ha asegurado que la Comunidad actuará "con la legalidad en la mano".
Así lo ha manifestado tras conocer que el director del colegio Juan Pablo II, Carlos Martínez, envió el 9 de septiembre una carta al alumnado en la que la ley madrileña de "barbaridad" y asegura que el parecido de esta legislación "con el fanatismo terrorista es inquietante".
Según Cifuentes, "al tratarse de un centro sostenido con fondos públicos hay que ver hasta dónde llega la libertad de expresión de esta persona, que indudablemente la tiene, pero hay que ver si sus actuaciones como director del colegio pueden suponer también alguna forma de presión" a los alumnos y padres.
La presidenta, que ha intervenido hoy en el foro 'Tribuna Autonómica' organizado por el diario El Mundo, ha añadido que la Consejería de Educación ha enviado al servicio Inspección Educativa para analizar lo ocurrido y ver qué actuaciones puede realizar la Comunidad. "Actuaremos con la legalidad en la mano, hay que ver el resultado de este informe y actuaremos como nos indiquen los servicios jurídicos", según Cifuentes.
"Son opiniones que no comparto en absoluto y afortunadamente no comparte la mayoría de la sociedad madrileña que es abierta, moderada y no comparte este tipo de manifestaciones que son de una gran radicalidad" y que incluso pueden contener "afirmaciones que no son lo que recoge el espíritu de la Constitución Española" y de la legislación madrileña que hay que cumplir, ha concluido.
