El Tribunal de Cuentas en su último informe habla de irregularidades e inversiones opacas.
Situación que confirman no sólo los catedráticos y expertos en educación, sino también los representantes de alumnos.
Además, las universidades madrileñas incluyen no sólo al personal docente e investigador contratado, sino también al personal no docente (PAS). El informe recalca que en este caso «los problemas de encaje legal se acrecientan» al sumarse estos beneficiarios de los planes «a través de un convenio colectivo suscrito por los sindicatos y rectores».
Tanto es así —dice este tribunal—, que en algunas universidades han llegado a reconocer en sus acuerdos el «impedimento legal al respecto».
El estudio se fija especialmente en la gestión de los presupuestos de la Universidad Complutense. Su Fundación General está financiada mayoritariamente con fondos públicos y donaciones privadas que tiene por objetivo «la investigación, la formación y la transferencia del conocimiento». El Tribunal sospecha «irregularidades» en la ejecución de sus proyectos de investigación.
