La concesionaria de la M30 no informó al Ayuntamiento sobre los fallos de seguridad

  • Según Gómez-Angulo la empresa Emesa transgredió el "principio de confianza"
  • No existe relación entre los fallecimientos y el hecho de que el sistema de protección de incendios no funcionara

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha asegurado hoy que la concesionaria de la seguridad en la M30, vía en la que fallecieron en octubre dos operarios en un incendio, no "facilitó" al Ayuntamiento en sus partes periódicos datos sobre fallos de seguridad que sí conocía.

Durante una comparecencia en el pleno municipal, el delegado Juan Antonio Gómez-Angulo ha indicado que la empresa Emesa transgredió el "principio de confianza", según ha conocido a través de informes a los que ha tenido acceso Madrid Calle 30 -empresa mixta controlada por el Ayuntamiento de Madrid que gestiona la M30- por lo que esta "transgresión" habrá de tener su "reflejo".

El delegado ha asegurado que en ningún momento estos fallos de seguridad pusieron en peligro a los ciudadanos y ha agregado que, como refleja el informe de la policía judicial, "no existe una relación de causalidad" entre los fallecimientos y el hecho de que el sistema de protección de incendios no funcionara.

El pasado 26 de octubre, dos operarios fallecieron en el túnel de la calle 30, entre el acceso a la A-3 y el estadio Vicente Calderón, al registrarse un incendio que afectó a 70 baterías del sistema eléctrico de emergencia, unas circunstancias que ahora investigan el juzgado de instrucción número 20 de Madrid y la Inspección de Trabajo.

El fuego, de origen eléctrico, se extendió por el nivel -1 de uno de los 38 pozos de ventilación de la M-30, de unos 100 metros de largo por 50 de ancho y 35 de profundidad, según indicó en jornadas posteriores al mismo el Ayuntamiento de Madrid.

En sus conclusiones sobre el incendio, Gómez-Angulo ha sostenido que las causas del incendio no se conocerán con exactitud hasta que finalicen las actuaciones judiciales.

No obstante, ha apuntado que está comprobado que, en el caso del incendio donde fallecieron los operarios, el sistema de agua no había actuado y las botellas de nitrógeno estaban "desconectadas", lo que significa que este sistema contra incendios estaba "fuera de servicio".

Además, ha proseguido, se ha conocido que había fallos en las baterías de los que Madrid Calle 30 "no tenía conocimiento" y que los sistemas de control de mantenimiento y explotación "no fueron capaces de encontrar con suficiente antelación".

El delegado ha explicado que las auditorías que hasta el momento se realizaban en la M30 de forma aleatoria no encontraron estos fallos y en este punto ha recalcado que Emesa "no facilitó esta información en los partes periódicos que debe entregar" a pesar de que "sí la conocía", según informes que ha podido recabar Madrid Calle 30.

En lo referente a las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Madrid con respecto a la empresa, Gómez-Angulo ha indicado que Emesa hará frente a la partida de 1,2 millones de euros necesarios para reparar los daños en todos los equipos y sistemas del vial y ha avanzado que se han reforzado los mecanismos de control y vigilancia, con revisiones diarias y un incremento de las pruebas de auditoría.

Además, ha agregado que una entidad "independiente" revisará todas las instalaciones de los túneles y se hará un estudio de las condiciones de mantenimiento de las instalaciones.

De este estudio dependerá si se toma el correspondiente procedimiento" para imponer alguna sanción a Emesa una vez haya finalizado el proceso penal, ha finalizado Gómez-Angulo, que ha argumentado que el Ayuntamiento no se personará en la causa abierta al verse representado por la asegurado.

Aún así, ha indicado que ni el Ayuntamiento ni Calle 30 descarta las reclamaciones que correspondan en un proceso civil "diferenciado".

Durante el pleno, los portavoces de PSOE y UPyD han acusado al Ayuntamiento de haber realizado dejación de funciones en la vigilancia de la seguridad en la M30 y han reprochado la falta de controles a la empresa concesionaria de la seguridad.

La concejala socialista Ruth Porta ha acusado al Ayuntamiento de minusvalorar un accidente con "multitud de fallos" de seguridad en túneles por los que diariamente circulan 150.000 vehículos, al tiempo que ha espetado que hay que "disolver" Madrid Calle 30 si es cierto que nadie estaba al tanto de estos errores.

Por su parte, el concejal de UPyD Jaime de Berenguer ha reprochado al Ayuntamiento que no haya cuestionado cumplido con su "labor fundamental", la de "controlar" a Emesa.

El concejal de UPyD ha considerado que el Ayuntamiento es un peligro "constante" y ha lamentado, tras citar el caso de Madrid Arena, su "incapacidad" en la "vigilancia para mantener la seguridad de los madrileños".