"El cheque escolar de FP tendrá graves consecuencias", según los sindicatos

Alumnos de Secundaria
Alumnos de Secundaria |Telemadrid

Los sindicatos de la enseñanza concertada han advertido hoy de las "graves consecuencias" que traerá la sustitución de los conciertos a los centros de Formación Profesional de grado Superior por las ayudas directas a las familias, mediante el llamado 'cheque escolar' de FP.

FSIE, USO, UGT, CCOO y STEM han pedido en rueda de prensa a la Consejería de Educación que mantenga los conciertos con los centros en vez de las subvenciones al alumnado y que, en caso de retirarlos, lo haga progresivamente, "con más plazo para permitir que los centros se fueran adaptando a la FP dual" que la consejería busca extender.

Tras apuntar que la consejería crea las becas "como medida paliativa a la retirada de los conciertos", han denunciado que la medida traerá "pérdidas salariales importantísimas para los trabajadores, que dejarán de cobrar en sus nóminas el complemento autonómico", de 4.700 euros anuales, e incluso en muchos casos "irán directamente al paro porque desaparecerán ciclos formativos".

A su juicio, la decisión de la consejería tiene dos motivos "que no ha expresado públicamente": favorecer a los centros totalmente privados que ahora se beneficiarán de la financiación pública a través del 'cheque escolar', y hacer "un experimento de cara a la futura eliminación del concierto en otros niveles no obligatorios".

El secretario de FSIE, Miguel Muñiz, ha explicado a Efe que la consejería someterá la normativa de las becas al dictamen del Consejo Escolar, pero "en ningún sitio figura que no vayan a dar los conciertos", por lo que saben si la consejería "denegará los conciertos colegio a colegio, o si lo darán a algún ciclo muy específico y al resto no".

Según Muñiz, "cada colegio ha pedido su concierto y la consejería tiene que responder. Cuando lleguen las denegaciones se estudiará la presentación de demandas" que podrían ser conjuntas o individuales, y estudiarán si los centros recurrirán por vía administrativa y los sindicatos por vía laboral.

Los 22 millones de euros que la consejería destinará a becas son para dos años y el primer año se darán 11.300.000, según Muñiz para quien "si las piden muchas familias de poca renta, habrá menos beneficiarios, porque la cantidad de dinero es fija y habrá familias que se queden sin ayudas".

Los beneficiados, según sindicatos y patronales, serán los centros totalmente privados que ahora podrán optar a la financiación pública a través del "cheque escolar".

Los centros concertados, que hasta ahora ofrecían una situación de "semigratuidad" -los alumnos pagaban unos 36 euros mensuales- tendrán que cobrar el coste real del curso, de entre 200 y 400 euros, por lo que, aunque obtengan beca, los alumnos tendrán que desembolsar más de cien euros mensuales, ya que sólo las familias que reciben la Renta Mínima de Inserción (RMI) recibirán el máximo.

Ello aumentará la demanda de plazas en la pública, donde ya hay listas de espera en algunos ciclos y la consejería no ha anunciado aún cuántas plazas públicas incrementará, y los 56 o 58 centros hasta ahora concertados tendrán menos alumnos, lo que provocará el cierre de los centros pequeños.

Los sindicatos cifran en torno a 600 los profesores afectados y advierten que muchos centros no podrán pagar las indemnizaciones por despido, han señalado antes de recordar que la Consejería no ha firmado un acuerdo de mantenimiento de empleo que la concertada pide desde 2009.

También critican que no puedan acceder a las becas los mayores de 23 años y quienes no hayan cursado la etapa anterior en la región, y que los centros "puedan seleccionar al alumnado en caso de exceso de demanda", algo que consideran "un auténtico escándalo".

Los centros tradicionales tendrán que competir con los privados, que tienen "costes muchísimo menores y condiciones laborales mucho peores", y además se producirá "una carrera a la baja" a la hora de fijar los precios de los cursos, señalan en un comunicado conjunto.

Según CCOO, para optar al máximo de 290 euros mensuales, que "a duras penas cubriría los gastos de matrícula", los ingresos per cápita de la unidad familiar no deberán exceder los 5.590 euros anuales.

"Al mismo tiempo que se arbitra este mecanismo de transferencia de fondos públicos a los centros de titularidad privada, no se incrementa la oferta educativa pública, con un exceso de demanda anual que crece año tras año", concluye en una nota.