El ayuntamiento pide la suspensión cautelar del desahucio de Vicálvaro

Los desahucios aumentan un 7,3% en el tercer trimestre con respecto a 2013
Los desahucios aumentan un 7,3% en el tercer trimestre con respecto a 2013 |Telemadrid

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado un requerimiento al Juzgado de Instrucción número 30 de plaza de Castilla en el que solicita la suspensión cautelar del desahucio de una familia con tres niños menores, uno de ellos de pocos meses, mientras no se le ofrezca una casa para vivir.

Así lo indica el concejal presidente del distrito de Vicálvaro, Carlos Sánchez Mato, en una notificación enviada al Juzgado al entender que la suspensión cautelar del desahucio de la familia de Soraya Moreno Romero es "plenamente pertinente y ajustada a derecho".

El edil recalca que Moreno Romero elevó una comunicación a las Naciones Unidas y estas, tras aceptarla, han remitido un escrito al Estado español instando a tomar medidas cautelares mientras se resuelve el caso abierto.

Por tanto, el Gobierno de Carmena espera que el Juzgado de Instrucción tenga en cuenta el mandato que le ha sido remitido desde la ONU en la que solicita que no se ejecute el desahucio por sospechar que el Estado español podría estar vulnerando los derechos humanos de Soraya y sus hijos, valoración que el Ejecutivo municipal "comparte en su totalidad".

El Ayuntamiento reitera que esta familia está siendo atendida por los servicios sociales del distrito y está en una situación de extrema vulnerabilidad.

El lunes varias decenas de vecinos y activistas del grupo Stop Desahucios de Vicálvaro consiguieron parar el desalojo de esta familia ordenado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que actuó en sustitución del Juzgado número 30, que estaba en periodo vacacional.

La magistrada del número 3 dictó un auto en el que declaraba que no suspendía cautelarmente el desalojo al considerar que la comunicación del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) "ni es un dictamen, ni es una resolución".

Según el grupo Stop Desahucios de Vicálvaro, la Policía Municipal, en funciones de Policía Judicial, amenazó con "volver cualquier noche a las cinco de la madrugada", para ejecutar el levantamiento.

Tras ser vendida la vivienda por una entidad bancaria, el piso que ocupa la familia (monoparental) de Soraya pertenece a un fondo de inversión.