El 16 de marzo del próximo año dará comienzo el juicio por un presunto delito de prevaricación urbanística continuada en el que está procesado el alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García. Además serán juzgados los dos regidores anteriores, Miguel Ángel Santamaría y José María de Federico, así como otros 10 ediles y exediles.
El proceso completo estudia 16 concesiones de licencias que se adjudicaron en torno al año 2008 pese a existir informes desfavorables por incumplir la normativa, ya que las obras no se ajustaban al proyecto por el que se concedió la licencia y "en ningún caso" se tomaron las medidas necesarias para su subsanación, según el escrito que presentó la Fiscalía.
Presuntas irregularidades
La mayoría de los casos hacen referencia a la autorización de construcciones que sobrepasaban la altura permitida o incumplían las condiciones de salubridad de calidad del aire, el retranqueo de los edificios establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana o sus condiciones estéticas.
El actual alcalde solo participó en la toma de decisiones de una de las licencias, en 2012, cuando ocupaba el cargo de concejal de Cultura, por lo que considera que “se contradice” que haya sido procesado por un presunto delito de prevaricación continuada.
En declaraciones a Efe, García se ha mostrado hoy satisfecho de que el juicio, que se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid, “se abra por fin”, ocho años después de que se iniciara la investigación, y ha añadido que está “deseando poder sentarse ante el juez” y explicarse “en un banquillo de verdad, y no uno mediático y paralelo”.
Licencia sin luz
En el caso concreto en el que el actual alcalde votó a favor, y por el que está siendo investigado, se concedió una licencia de primera ocupación a un bloque de viviendas que contaba con todos los parámetros urbanísticos “correctos”, y “lo único que faltaba era el enganche de luz definitivo”, según el regidor.
“Creo que se actuó bien y hoy volvería a hacerlo exactamente igual, porque no había ningún problema urbanístico”, ha considerado el alcalde, quien opina que la Justicia debería “actuar con proporcionalidad”, especialmente en estos casos en que se aprobaron licencias que no afectaban “a la Administración ni a nadie”.
