El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha exigido al Ayuntamiento de Parla que rehaga los presupuestos de 2009 en un plazo máximo de 30 días, algo que ya le solicitó el 17 de marzo de 2011 cuando los declaró "nulos", sin que el consistorio haya efectuado aún las rectificaciones ordenadas.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el TSJM exige al Ayuntamiento de Parla que "lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo" en un plazo "improrrogable" de 30 días desde la notificación, que está fechada en el 11 de octubre.
El auto "responsabiliza personalmente" al alcalde de Parla, José María Fraile, del cumplimiento de esta sentencia o, de lo contrario, le apercibe de que "se le impondrán multas coercitivas personales de 300 euros por cada mes que transcurra sin ejecutar la sentencia".
Fuentes del Ayuntamiento de Parla han señalado a Efe que no van a hacer ningún tipo de declaración sobre este auto y no han confirmado si están haciendo algún tipo de acción para cumplir el nuevo requerimiento del TSJM.
La sentencia original del TSJM, de 2011, anuló los presupuestos municipales de 2009 por no haberse aportado la liquidación de las cuentas de 2007 y 2008 -cuando ocupaba la alcaldía el actual secretario general del PSM, Tomás Gómez- y por incumplir la Ley de Haciendas Locales al no cubrir el déficit de los años precedentes.
El TSJM ordenó "la retroacción de actuaciones para que se acompañen los documentos legalmente exigidos" y que se rehicieran estos presupuestos, algo que aún no ha ocurrido.
En noviembre de 2012, el Tribunal Supremo ratificó la ilegalidad del presupuesto del año 2009 y condenó al consistorio a pagar 3.000 euros de costas judiciales.
El portavoz adjunto del PP de Parla, Joaquín Reyes, ha manifestado que el auto "es otro ejemplo de que este alcalde pasa de todo, incluido de los jueces, y por eso incumple las sentencias".
"Lo mismo le da que sean despidos ilegales, presupuestos ilegales o sobresueldos ilegales", ha enumerado Reyes en alusión a dos asuntos por los que el actual alcalde está imputado: un supuesto delito de prevaricación por el cese del anterior jefe de Policía Local y un presunto delito de malversación de fondos por el supuesto pago de sobresueldos a trabajadores municipales entre 2008 y 2011.
