El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha suspendido la declaración prevista para esta tarde en calidad de investigada de la exjefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recoder a petición de su defensa que no ha tenido acceso al expediente de la causa. Según han explicado fuentes de la investigación, el letrado ha recibido la notificación de declaración esta misma semana y no ha tenido tiempo material de acceder a los informes que integran la causa que instruye el juez García Castellón.
El magistrado había citado a Recoder en relación a la supuesta adjudicación irregular del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, entre los años 2009 y 2011, época en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, era la presidenta de la mesa de contratación.
El letrado no ha podido estudiar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaborado el pasado 27 de marzo que apuntaba a la comisión de una presunta prevaricación por parte del Comité de Expertos del que formó parte Cifuentes. Unos días antes los investigadores remitieron otro informe en el que se incidió también en la posible comisión del delito de cohecho.
DECLARA EL EXJEFE DE GABINETE DE GRANADOS
Sí han declarado Pedro Bernard, director de proyectos de la sociedad pública de gestión de suelo de la Comunidad de Madrid Nuevo Arpegio e Ignacio Palacios, exjefe de gabinete de Francisco Granados, el cabecilla de esta trama en la que se investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular en Madrid.
Según las mismas fuentes, Palacios solo ha respondido a su defensa a quien ha negado los hechos que se le imputan. El anterior magistrado instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, les atribuyó tanto a él como a su mujer, María José Marijuan Alonso, cinco delitos por su presunta participación en las actividades de la trama.
Previamente esta mañana el juez ha interrogado al administrador de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA) y encargado de gestionar las licitaciones públicas del plan PRISMA en 2006-2007, Adolfo Fernández Maestre, y el también investigado José Luis Jaraba Pérez por la relación de su sociedad con la empresa pública Arpegio.
