El comisionado del Ayuntamiento de Madrid para la Cañada Real, el educador social Pedro Navarrete, ha indicado que la alternativa de legalización será para las familias que llegaron antes de 2011 con el fin de "evitar el efecto llamada" y "siempre respetando la ley".
Navarrete es partidario de "dejar en este asentamiento al mayor número de familias" y, cuando no sea posible por situarse sus casas junto a vías férreas, tendidos eléctricos, carreteras o arroyos, "no quedará más remedio que efectuar realojos".
Así lo explica en el Diario del Ayuntamiento, consultado por Europa Press, donde señala como principal escollo el urbanístico. "Todas las administraciones tienen como reto ponerse de acuerdo para dar legalidad y sacar de la situación de abandono a un asentamiento en el que conviven más de 30 nacionalidades. Esto debe ser compatible con el respeto a las leyes urbanísticas", ha destacado.
Además de las limpiezas y desratizaciones ya realizadas, queda pendiente la mejora en el acceso en transporte público al asentamiento y el incremento en el número de rutas escolares para que ningún niño de la Cañada Real se quede sin ir a clase por falta de autobuses.
En materia urbanística hay que "acabar con la ilegalidad imperante durante 25 años en este territorio de más de 14 kilómetros de longitud que comparten Madrid, Rivas y Coslada", algo que necesita del "acuerdo e implicación de la Comunidad de Madrid".
"No es algo imposible, el poblado del Salobral, uno de los más grandes de Europa con más de 500 chabolas, fue desmantelado gracias al trabajo conjunto de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. En Cañada tenemos que dar una solución para las cerca de 400 chabolas y miles de infraviviendas. Estas no pueden seguir ahí", ha argumentado.
LAS 3.000 VIVIENDAS DE SEVILLA
Pedro Navarrete explica que la idea de la figura del comisionado surge de un viaje que hizo a Sevilla a propuesta de Agustín Rodríguez, párroco de la única iglesia que hay en Cañada, la de Santo Domingo de la Calzada. Su plan era conocer la realidad de un barrio como Las 3.000 Viviendas, en el que las tres administraciones habían designado para solucionar los problemas del barrio a un interlocutor.
"Ese modelo es el que hemos exportado a Madrid. Mi papel pasa por mediar con los vecinos y con el resto de actores clave de las administraciones implicadas para acabar con 25 años de ilegalidad y abandono de un poblado como Cañada, con más de 14 kilómetros de longitud", ha detallado. Su interlocutor en la Comunidad es José Antonio Martínez Páramo.
Este educador social insiste en que el principal escollo es el urbanístico. "Todas las administraciones tienen como reto ponerse de acuerdo para dar legalidad y sacar de la situación de abandono a un asentamiento en el que conviven más de treinta nacionalidades. Esto debe ser compatible con el respeto a las leyes urbanísticas", ha indicado.
