Procesan a la alcaldesa de San Fernando de Henares por prevaricación

Plaza de San Fernando de Henares
Plaza de San Fernando de Henares |Telemadrid

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Coslada ha ordenado el procesamiento de la alcaldesa de San Fernando de Henares, Catalina Rodríguez Morcillo, por los presuntos delitos de descubrimiento, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación en la remodelación de la plaza de España.

Junto al de la alcaldesa de San Fernando, en el auto firmado por la magistrada María Trinidad Cepas se acuerda el procesamiento de Jaime Morales García, asesor jurídico de la alcaldesa, y Joaquín Gómez Azcárate, voluntario del grupo político San Fernando Sí Puede al que tanto Rodríguez Morcillo como Morales autorizaron para manejar documentación del Ayuntamiento referente a varios procedimientos penales relacionados con la remodelación de la plaza de España.

Según indica el auto, la alcaldesa de San Fernando y su asesor jurídico facilitaron a Gómez Azcárate, persona ajena totalmente al Consistorio, las llaves del archivo en el que se encuentra depositada la documentación, en la que se incluyen numerosos datos referentes a personas físicas y jurídicas, datos e informes oficiales de entidades públicas.

El escrito del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Coslada añade que Joaquín Gómez Azcárate pudo operar libremente y manejar dichos datos y documentos sin control alguno.

A pesar de haberse contratado a un letrado para la asistencia técnica en los procedimientos judiciales que atañen al Ayuntamiento, el auto indica que la alcaldesa de San Fernando designó a Joaquín Gómez Azcárate por ser de su mismo partido político y amigo personal para la organización y archivo de toda una documentación referente a procedimientos judiciales, teniendo acceso a la fotocopiadora y escáner, sin horarios ni jornada laboral ni el debido tratamiento en cuanto a la protección de datos.

A ello debe añadirse, según el auto, que toda la documentación contenida en ese archivo no estaba bajo la dependencia del archivo municipal ni de la Secretaría del Ayuntamiento, sino que por una decisión personal de la alcaldesa y de su asesor jurídico pasó a estar bajo la custodia de Gómez Azcárate, que no debía estar al cargo de dicha documentación.