Los errores en una concesión en el Parque Nacional de Guadarrama

Sierra de Guadarrama
Sierra de Guadarrama

Tres altos cargos del Gobierno regional están siendo investigados por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Colmenar Viejo por presuntas irregularidades en una concesión en el Parque Nacional de Guadarrama.

Concretamente, han llamado a declarar a Ricardo Riquelme, exdirector general de Medio Ambiente; Ismael Hernández, responsable de Espacios Protegidos; y Pablo Sanjuanbenito, codirector del parque tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente.

En noviembre de 2016 ya se informaron sobre las irregularidades

Por un canon de 2.000 euros anuales, la Consejería de Medio Ambiente sacó a concurso el terreno en junio de 2014, que se acabó concediendo en agosto de ese mismo año a la única empresa que se presentó a la licitación.

El terreno, de 8.500 metros cuadrados, fue inaugurado en noviembre de 2016, fecha en la que Ecologistas en Acción habría informado a la Consejería de Medio Ambiente sobre las irregularidades que estaban teniendo lugar.

La denuncia de la Fiscalía demuestra que la adjudicación "no era legal"

No obstante, la empresa encargada del servicio se marchó en otoño de 2017 y el Gobierno regional les tuvo que indemnizar con la cantidad de 314.000 euros.

La entidad ecologista, considera que la denuncia de la Fiscalía demuestra que la adjudicación "no era legal" y la propia Comunidad de Madrid reconoció "errores graves en el procedimiento", ya que "no fue el adecuado y se estableció unos usos que no son autorizables en un espacio protegido".En este sentido, denuncian que el 12 de diciembre del 2018 se volvió a sacar a licitación con otro pliego de condiciones y desconocen si se va a adjuntar. "Espero que recapaciten y que no sigan adelante", señalan desde la organización ecologista.

Por otro lado, también el actual subdirector general de Espacios Protegidos y el codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama "están siendo investigados" en relación a un "procedimiento administrativo por el que se adjudicaron unas casas forestales en La Pedriza", según fuentes del Gobierno regional, que también han añadido la 'defensa procesal de los funcionarios a través de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid por considerar que "no ha existido ninguna conducta punible por su parte".