El exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada ha afirmado este martes que fue el entonces exvicepresidente primero, Ignacio González, quien elevó al Consejo de Gobierno el proyecto del fallido Campus de la Justicia, y ha resumido así su grado de implicación en este proyecto: "Mi capacidad política era 0 y mi interés -10".
Así ha respondido Prada en la comisión de estudio de la deuda celebrada en la Asamblea de Madrid a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios respecto a su gestión en el fallido y costoso proyecto del Campus de la Justicia, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
El también exdirector de la empresa pública Campus de la Justicia ha afirmado en varios momentos de su comparecencia que "no fue un proyecto personal", sino actuación política "de todo el gobierno" de la Comunidad, presidido por aquel entonces, en su primera legislatura, por Esperanza Aguirre.
"Fue una actuación que siempre se hizo desde la legalidad y transparencia y ninguna auditoría pública, ni la intervención, ni las consejerías de Hacienda ni ninguna auditoría privada reveló ninguna tacha de ilegalidad. Se han podido cometer errores pero si los cometí lo hice desde la buena fe de la creencia y desde la legalidad", ha dicho.
El exconsejero ha señalado que el personal y las empresas externas contratadas para publicitar y diseñar el Campus "no era el ejército de Pancho Villa, sino unas empresas sometidas a las órdenes de la Comunidad, fiscalizado por todos y cada uno de los
No obstante, Prada ha reconocido que fue "un proyecto fallido" y que los más de 105 millones de pérdidas que ha supuesto este proyecto se deben, a su juicio, por el retraso de la liquidación de este proyecto de 2008 a 2015.
PSOE Y PODEMOS VEN INDICIOS DE DELITO
Los grupos de PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid ven "indicios de delito" en la gestión del Campus de la Justicia, mientras Ciudadanos seguirá estudiando la amplia documentación sobre el fallido proyecto, tras la comparecencia hoy del exconsejero de Justicia Alfredo Prada en la Asamblea de Madrid.
Para el PSOE, Prada fue el responsable del proyecto hasta 2008 con "enormes poderes para ejecutar", pero no ha explicado las "zonas oscuras", según Mercedes Gallizo para quien hay "muchas irregularidades" que investigar.
Según la socialista, tras analizar la documentación sobre el "despilfarro", habría "más que una mala gestión", por lo que opina que "este tema tiene que acabar en la Fiscalía", ya que "cuando una única y misma persona ha firmado la valoración técnica de todas las empresas que se presentan a los concursos, algo hay que investigar".
Para Ciudadanos (C's), Prada no ha sido capaz de explicar "las retiradas diarias en efectivo" de las cuentas para el pago de facturas, por "importes de 5.37,22 euros durante días y semanas", de las que Prada "no se acuerda", ha dicho la diputada Susana Solís.
Ciudadanos pedirá a la Cámara de Cuentas, que ya tiene todas las cuentas anuales depositadas, que realice en 2016 la fiscalización del Campus, que no ha presentado cuentas desde 2007 lo que, añadido al retraso en la disolución de esta sociedad hasta el año pasado, "ya son indicios suficientemente relevantes para pensar que hay algo más".
Podemos cree que Prada "ha incurrido en falsedades al afirmar que no había ningún tipo de tesorería", así como en relación a la desaparición de ordenadores en los que habría "evidencias concluyentes" sobre procesos de contratación supuestamente con precios "inflados", lo que supuso un acumulado de gastos de casi 130 millones, según Eduardo Gutiérrez.
Podemos planteará al resto de grupos la reapertura de la comisión sobre el espionaje, al considerar que "aunque no lo parezca", tienen la impresión de que "todo está relacionado", ya que el espionaje a Prada en 2008 tendría que ver con "conductas de gestión pública en Campus que generaban algún tipo de alteración del orden legal, y probablemente familias dentro del PP tendrían interés en tapar algunas cosas".
Para el grupo Popular, la de Prada es la novena comparecencia sin que se hayan puesto de manifiesto "indicios de ningún tipo de delito ni tampoco de irregularidad manifiesta", según el diputado Juan Gómez-Angulo.
En las anteriores comparecencias, "de personas muy diversas" vinculadas al Campus, no ha habido "ninguna irregularidad manifiesta" ni tampoco en las auditorías realizadas, "más allá de un retraso en la presentación de las cuentas del año 2010 al 2014, que no afectaba al compareciente de hoy", ha dicho.
