El 95 por ciento del negocio de las 'cundas' o taxis de la droga ha quedado desarticulado gracias a una importante operación policial en la que han caído cuatro organizaciones, lideradas por ciudadanos marroquíes, rumanos y búlgaros, que operaban en la zona de Embajadores. Tras siete meses de trabajo se ha detenido a 23 personas e intervenidos quince vehículos que actuaban como cundas. A los arrestados se les imputan tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y un delito contra la seguridad social y la hacienda pública.
Las ganancias eran de entre 9.000 y 12.000 euros al mes por grupo llegando a los 120.000 euros anuales, dinero que procedía de los 5 euros que cobraban a cada toxicómano por viaje. Los cuatro grupos operaban "de manera frenética", todos los días, desde las 8 horas y hasta la 1 de la madrugada.
A ese dinero habría que sumarle las ganancias procedentes de los clanes de la droga de la Cañada Real ya que recibían una parte por llevar hasta allí a los drogadictos, como ha explicado el comisario de Arganzuela, José Ramón Murillo. Llegaron incluso a disponer de habitaciones en la Cañada, donde dejaban a los clientes que se administraran la dosis, antes de devolverles a los lugares de origen.
La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, han dado cuenta de esta operación, la primera de estas características. Y es que, como ha detallado Cifuentes, son "personas que a nivel particular deciden transportar a otra para que consuman drogas" y eso en sí "no es delito".
El jefe superior de la Policía ha añadido que "por primera vez se ha demostrado la vinculación de la compra-venta de droga en la Cañada", lo que se ha logrado con el amparo de documentación fotográfica y documentos testimoniales.
"PRINCIPIO DEL FIN DE LAS CUNDAS"
"Hablamos del principio del fin de las cundas. Nuestro compromiso fue desmantelarlas y seguir trabajando para que no se instalen en otras zonas o vuelvan a Embajadores", ha declarado Cifuentes.
Los cuatro grupos operaban en la zona de la glorieta de Embajadores transportando a toxicómanos desde allí y hasta los principales puntos de venta y distribución de droga, principalmente la Cañada Real.
La estructura de estos cuatro grupos, completamente jerarquizada, estaba encabezada por un 'empresario', que contaba en su escalafón inferior con captadores que actuaban en el entorno de la glorieta de Embajadores, así como con conductores, muchos de ellos toxicómanos. Estos cobraban 'en especie', con dosis diaria de droga o 'micra', como se conoce en argot. Al final se encontraban los testaferros, a cuyo nombre ponían los coches utilizados para el transporte.
El primer grupo estaba integrado por un jefe, de origen marroquí, que tenía a dos hijos como sus más estrechos colaboradores. Era uno de los que más coches tenía, con hasta seis. La cabecera del segundo grupo estaba integrado por ciudadanos rumanos, que contaban con furgonetas con capacidad para siete u ocho personas. Llegaron a poner como titular de uno de los coches a un toxicómano español sin domicilio conocido.
El tercer grupo era el de los búlgaros, que contaban con cinco coches y una furgoneta. Los captadores eran ciudadanos españoles y un libanés, todos ellos toxicómanos. El último grupo desarticulado estaba integrado por marroquíes. A destacar que la esposa de uno de los cabecillas era utilizada como testaferro. No había guerra entre los distintos grupos porque, en palabras de Murillo, "desgraciadamente había trabajo para todos".
LOS VECINOS COMO ACUSACION PARTICULAR
La operación policial se cerró el pasado 6 de noviembre. Los detenidos puestos a disposición judicial fueron puestos en libertad con cargos. La asociación de vecinos de la Glorieta de Embajadores ya anunció que se personarán como acusación particular. Pedirán al juez asimismo que se decreten medidas cautelares para prohibirles acercarse a la glorieta en un radio de entre 500 a 1.000 metros.
Cifuentes ha recordado que acabar con las cundas que operaban en Embajadores fue uno de los primeros compromisos que adoptó cuando llegó a la Delegación de Gobierno dado el "deterioro de la calidad de vida de los vecinos, los perjuicios económicos para el barrio y el factor de riesgo en la seguridad ciudadana y vial".
El problema de las cundas, como ha explicado, se analizó desde una perspectiva integral. En el plano legislativo se ha propuesto que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que está siendo estudiada por el Ministerio del Interior, considere a estos vehículos como "instrumentos de delito para que se pueda facilitar su incautación".
En el plano social las autoridades consideran a los usuarios de estos vehículos, los toxicómanos, como "enfermos a los que hay que dar el tratamiento adecuado con los programas y recursos sociosanitarios de las administraciones". "En modo alguno se va contra ellos", ha remarcado la delegada.
En el ámbito policial se actúa constantemente para el desmantelamiento de las organizaciones que trafican con estupefacientes. Así, desde primeros años se han desarrollado once grandes operaciones policiales en contra de las bandas de narcotraficantes, que se han saldado con 89 detenciones y 18 demoliciones de construcciones para evitar que vuelvan a ser utilizadas como punto de distribución.
